La decisión de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ha estado acompañada de desafortunadas decisiones y acciones por parte del gobierno federal, desde la gestión de Vicente Fox -cuando en 2001 lanzó la convocatoria- hasta la de Enrique Peña Nieto.
Ambos gobiernos usaron la represión y violaron derechos humanos de campesinos y activistas a grado tal que llevaron al país a las cortes internacionales en la materia.
El tema es más vigente que nunca y una papa caliente que se deja a Andrés Manuel López Obrador.
Exactamente en octubre de 2011, cuando se decretó la expropiación de 5 mil 384 hectáreas de 13 pueblos de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán en el Estado de México para la construcción del NAICM, se encendieron los focos rojos de la inviabilidad del proyecto que, por imponerse a raja tabla, ha traído consigo la violación a los derechos elementales de los ejidatarios de Atenco y activistas; la arbitraria detención de 11 mujeres y el abuso sexual contra siete de ellas; el asesinato de opositores, entre ellos un campesino de Atenco y un estudiante, además del encarcelamiento de los dirigentes del movimiento opositor al NAICM.
Se sumaron posteriormente contra el proyecto diversas voces de especialistas, académicos universitarios, comunidades afectadas e integrantes de organizaciones sociales que han denunciado los daños que a la fecha ya se resienten en materia ambiental y ecológica por la devastación de cerros, flora y fauna.
No se puede dejar de lado el escandaloso encarecimiento de la obra que pasó de 169 mil millones de pesos (13 mil millones de dólares al tipo de cambio de 2014, cuando Enrique Peña Nieto retomó la construcción del NAICM) a 212 mil millones de pesos, durante el primer trimestre de este año (El Universal), así como los compromisos de los contratos celebrados con empresas transnacionales y del país. Cuestionado ha sido también por las presuntas anomalías que por 234.7 millones de pesos detectó la Auditoría Superior de la Federación en la construcción del NAICM, además de supuestas irregularidades en la asignación de las concesiones.
A la fecha, más comunidades y pueblos del estado de México se han unido, entre ellas la de Ixtlahuaca y Tepetlaoxtoc, para evitar que sigan acabando con los cerros de donde el Grupo Minero Betancourt explota basalto para compactar el terreno de lo que serán las autopistas del NAICM, asunto que poco importa a los empresarios, entre ellos Carlos Slim, que apuestan a que la obra continúe.
Sin duda, la megaobra se ha convertido en una papa caliente que primero aventó Fox, la soltó Felipe Calderón, la retomó Enrique Peña Nieto y hoy, con todas las complejidades y aristas que presenta, se ha dejado a López Obrador, quien en diciembre de 2017, como candidato a la Presidencia planteó cancelarlo en forma definitiva.
Hoy, a unos meses de que tome posesión como Presidente de México -el próximo uno de diciembre de 2018- , parece que López Obrador ya olvidó lo que tanto pregonó en campaña sobre la cancelación del nuevo aeropuerto y, tras cambiar en varias ocasiones de opinión, por lo menos ha presentado tres escenarios para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Antes, en diciembre de 2017, afirmó que en esa zona de Texcoco “se construye un barril sin fondo”, y aseguró que en su gobierno no habría tal dispendio económico porque se construirían dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.
En enero de 2018, no sólo ratificó su postura, también denunció presunta corrupción en la asignación de recursos y anunció que se usarían los terrenos destinados al NAICM en la edificación de oficinas públicas.
En abril de 2018 publicó, incluso, una historieta para explicar por qué se manifestaba en contra del NAICM, y por qué defendía su alternativa de remodelar la base aérea de Santa Lucía.
En la historieta -elaborada por caricaturistas pro AMLO-, se hablaba del impacto ecológico negativo para la zona, de la inviabilidad por el tipo de suelo del ex vaso de Texcoco y de la eventual corrupción en la asignación de contratos, entre otros motivos.
Evidentemente arreciaron las críticas contra AMLO por parte de los funcionarios del gabinete peñista, de los empresarios y de sus cámaras respectivas, y por supuesto de sus contrincantes políticos. El presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Sergio Allard, anticipó que “sería catastrófico y una vergüenza” para el país frenar las obras del nuevo aeropuerto.
De manera similar se pronunció el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Y, aplaudido por los inversionistas y hombres de negocios, en abril pasado salió a la palestra el hombre más acaudalado del mundo, Carlos Slim, para defender el proyecto en el ex vaso de Texcoco, en donde ha invertido fuertes cantidades de los ahorros para la jubilación de los trabajadores, depositados en su Afore Inbursa.
Entonces, la postura del tabasqueño se modificó al señalar que antes de cancelarlo, convocaría a una mesa de diálogo con empresarios, técnicos y especialistas, quienes revisarían la transparencia de los contratos licitados, no así la viabilidad. Posteriormente ya no habló de cancelación, sino de la posible concesión del megaproyecto, declaración que saludó el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño.
Días antes de las elecciones ya no se refirió a una opción, sino a tres posibles escenarios (continuar la construcción, concesionarla o habilitar las pistas de la Base Aérea de Santa Lucía), también anunció que sometería el proyecto a una consulta que se interpretó ciudadana.
Pero salió al paso Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para “aclarar” que nunca se habló de una consulta pública, y rematar que la decisión final la tomará el gobierno de López Obrador con base a los tres escenarios descritos y más allá de la información que se recabe entre la ciudadanía, según entrevista que concedió a Animal Político.
El escenario no es nada halagüeño por las implicaciones político, económicas y sociales que representa el megaproyecto, cuestionado y manchado desde su inicio por la pérdida de vidas y violaciones a los derechos elementales de la mexiquenses, entre otros.
Sin duda, el gobierno de López Obrador tendrá que resistir muchas fuerzas e intereses que se han tejido alrededor de la megaobra, donde de un lado está la población afectada -campesinos, ejidatarios y gente de escasos recursos a los que prometió defender el tabasqueño- y los daños al ecosistema, y del otro los intereses económicos de corporativos trasnacionales y de prominentes empresarios del país, aunado a la inversión multimillonaria con recursos del Estado.
Esperamos que los cambios de opinión que ha mostrado el ahora presidente electo de México no nos desilusionen y medie efectivamente la razón, la inteligencia y las decisiones informadas en beneficio de las mayorías y no de los grupos de poder. Con todo, persiste la esperanza, sin perder de vista la complejidad del fenómeno.
