Con sorpresa leo que la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido morena, citó a comparecer a más de 30 diputados mexiquenses de esa bancada por supuesta violación a “promesas de campaña”, al haber votado a favor del reemplacamiento vehicular en la entidad. 

Me sorprende, porque carece de sentido común. Quienes han promovido semejante queja comandados por el “jacobino” Daniel Serrano, debieran haber leído la plataforma electoral de morena, que se registró durante el pasado proceso electoral.

En ese documento no se hace referencia, en lo absoluto, a una oposición a que se paguen derechos o contribuciones en la entidad. En su falso argumento, que carece de sentido, los quejosos tratan de hacer pasar esa situación como una cuestión de principios de política de morena. ¡Falso! La declaración de principios de ese partido no reivindica la exención de pagos de contribuciones para financiar el gasto público.

Los quejosos quisieran que el gasto público se financiara solamente con programas anticorrupción y medidas de contención del gasto, pero eso es insuficiente en la entidad. Se les olvida señalar que la gran mayoría de los ayuntamientos se encuentran endeudados y al borde de la quiebra financiera por las pésimas administraciones del pasado.

En su loca grilla, pretenden meter al mismo morral a todos los diputados que votaron. Se les olvida a ellos y a los comisionados que no todos los diputados son afiliados a morena y que esa comisión no tendría jurisdicción para siquiera sancionar o reconvenir a los diputados por el sentido de su voto. Es decir, no se puede sancionar a aquellos que no están afiliados a morena. Así de simple.

La justicia interpartidaria de morena debiera desechar, por notoriamente improcedente, la queja. Sería un pésimo precedente que se intente sancionar a partir de ideas, principios o valores no establecidos en los documentos básicos de ese partido. La conducta de los legisladores debe estar ajena al sospechosismo que le quieren imprimir algunos militantes a los actos de los legisladores por conseguir sus más directos intereses.

Tratar de legitimar su actuación ante la inminente renovación de la dirección, desprestigiando a los contrarios, es verdaderamente bajo, políticamente deleznable y propio de la politiquería que busca desterrar morena.

Si la comisión Nacional de Honor y Justicia busca imponer censuras y visiones propias de la conducta de los legisladores, estará vulnerando la Constitución, la normatividad interna de morena y, sobre todo, su credibilidad. Ese órgano debiera mantener la imparcialidad y la sobriedad y no prestarse a juegos perversos.

La cita a los diputados para pedir cuentas sobre algo que no se encuentra regulado en el estatuto, ni en la declaración de principios, es un acto autoritario, ajeno al marco legal y propio de las dictaduras.