Primero que nada, la estrategia implícita ha sido demostrar que el nuevo Gobierno Federal manda en su ámbito y no obedece a intereses particulares. Manifiestamente combate a  la corrupción, acción que considera como condición necesaria para transformar el país.

La cuestionada cancelación de las obras del discutible aeropuerto en Texcoco, a pesar del costo y de su objetada por muchos nueva localización en Santa Lucía, indica que el Gobierno busca deslindarse de la administración anterior (desde el punto de vista económico prácticamente todo el sector privado opina que cambiar la localización es un error).

Otro punto importante de combate a la corrupción es la drástica lucha contra el robo de combustible (huachicoleo), que intenta limpiar el proceso de producción y abastecimiento del energético y reducir el suministro ilegal de gasolinas en el país como base para combatir la corrupción en torno a la actividad petrolera.

La compra de camiones para distribuir el combustible reduce la amenaza de los huachicoleros y el poder de los poseedores de pipas, entre los cuales se encuentra el propio sindicato de los trabajadores petroleros. La reciente autorización de un segundo sindicato formado en Pemex va en el mismo sentido. Asimismo, la advertencia de que se pueden crear estaciones de servicios gubernamentales para reducir el margen indebido de ganancia de los gasolineras que abusan del mecanismo de apoyo para mantener estables los precios de venta de los combustibles o que ilegalmente no entregan litros completos al surtir. 

Además, se está instrumentando el Plan de Rescate Fiscal a Pemex que consiste en la capitalización del gobierno federal por un monto de 25,000 millones de pesos; acompañado por el prepago de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondiente al pasivo laboral por 35,000 millones de pesos; la reducción de la carga fiscal por 15,000 millones de pesos y un aumento de 36% en sus niveles de inversión, incluyendo la futura construcción de una nueva refinería, cuya rentabilidad ha sido puesta en duda por algunos (por otra parte se reporta que en febrero Pemex logró aumentar 30% la cantidad de gasolina refinada). Sin embargo, ante la rebaja en la nota crediticia de Pemex por parte de algunas calificadoras, el Fondo Monetario Internacional recomendó recientemente establecer un plan integral de negocios para Pemex, a fin de evitar la creación de grandes pasivos que pongan en mayor riesgo la calificación crediticia del país en el futuro.

En estos meses se retiró el controvertido subsidio a guarderías infantiles privadas sospechosas de ilegalidades, para reconvertirlo en apoyo directo a los padres. Se anunció la intención de federalizar el sistema de salud, que unificará los servicios de salud del país, comenzando en ocho estados del Sureste, donde hay más necesidades y pobreza y la idea es que en dos años ya estén integradas las 32 entidades en este campo. Esto ha causado alarma en muchos derechohabientes de las actuales instituciones públicas de salud. Además, surgieron manifestaciones por cierto descontento médico en estos días por motivos salariales.

Sigue pendiente el complejo problema de la Reforma Educativa y el descontento entre los trabajadores de la educación y maestros sindicalizados ya sea en el SNTE o la Coordinadora (CNTE). En algunas entidades el asunto se complica aún más porque se mezcla con las demandas rurales, las de las normales y las propiamente campesinas por apoyos a sus productoscomo los que se han dado a los productores de granos básicos e incluso por resistencia popular a megaproyectos como la Termoeléctrica en Morelos o el Corredor Transítsmico (el Presidente anunció recientemente que el programa Producción para el Bienestar, antes Procampo, será entregado también a los productores cañeros de Morelos y de todo el país).

En lo que va de 2019 se buscó que los beneficios de un México abierto al mundo se distribuyan de manera más equitativa, por lo que se ha decretado un aumento sustancial en los salarios mínimos (que provocó fricciones laborales en algunas maquiladoras), en especial en zonas fronterizas como requisito para demostrar que se mantiene a favor de la globalización y, especialmente, cuidar la difícil relación con Estados Unidos cuyo Congreso todavía no aprueba el nuevo Tratado Comercial y, en cambio, exige una Reforma Laboral, la cual se presentó esta misma semana para su aprobación al Congreso mexicano. Mientras tanto, el Ejecutivo de Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles a importantes productos fabricados o cosechados en México (y la Secretaría de Economía de México advirtió que impondrá a su vez algunos aranceles a importaciones). 

Se anunció la consolidación de destinos posicionados e incentivos a nodos de desarrollo turístico regional en zonas con potencial, empezando con el proyecto del Tren Maya, la propuesta de descentralización administrativa gubernamental y el fomento de programas universales que detonan el consumo popular y las economías regionales. La ayuda a 300,000 jóvenes con becas con prioridad a jóvenes indígenas que vivan en condiciones de marginación y pobreza, así como en zonas de violencia. El apoyo a centros de trabajo para poder contratar a 2.3 millones de jóvenes a fin de que reciban capacitación y tutoría hasta por un año, es otro ejemplo.

Aunque sigue operando sus programas con la estructura bancaria existente buscará fomentar la diversidad de actores en el sector bancario mediante la transformación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a Banco del Bienestar, el cual servirá eventualmente para depositar las becas y los apoyos a las regiones más apartadas. Se busca propiciar más condiciones favorables para la competencia bancaria, de común acuerdo con las actuales instituciones privadas, pero no logró aprobarse todavía legislación que reduzca las comisiones bancarias.

Por lo pronto, el nuevo Gobierno aseguró que por parte de INFONAVIT no se va a desalojar a nadie y se dará la oportunidad a los deudores para que puedan terminar de pagar sus viviendas y obtener sus escrituras. El mandatario aseguró que todo este plan tiene que ver con el combate a la corrupción para limpiar al Infonavit, así como se está limpiando el gobierno de la corrupción y de los abusos.

Para combatir la violencia, que no ha cesado, el Congreso aprobó la propuesta del Ejecutivo para la futura creación de una cuestionada Guardia Nacional con mando militarizado de sesenta mil elementos para combatir la crisis de seguridad pública del país, un pilar de su plan para enfrentar al crimen organizado y frenar el aumento de la violencia que el año pasado se calcula costó más 5.16 billones de pesos de pérdidas para el país, equivalente a 24% del Producto Interno Bruto (Instituto para la Economía y La Paz). 

En cuanto a la estructura administrativa se extinguió el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) creando en su lugar el Centro  Nacional de Inteligencia dependiente de la Secretaría de Seguridad Púbica y Protección Ciudadana y se reintegraron a las Fuerzas Armadas los integrantes del Estado Mayor Presidencial, que desaparece en cuanto tal. 

Se aprobó finalmente el nombramiento del primer Fiscal General de la República elegido por el Senado de México para el periodo 2019-2027. 

Se creó la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, que presidirá Beatriz Gutiérrez Müller, a cargo de un consejo asesor externo y honorario, que de manera gratuita voluntaria cooperará en la custodia del archivo cultural nacional.

En lo fiscal, se mantiene la promesa electoral de no aumentar impuestos ni crear nuevos (en los primeros tres años de su Administración) y de aplicar una política de cero endeudamiento público, aun a costa del recorte del gasto público y la austeridad en las remuneraciones y prestaciones de empleados gubernamentales que ha causado una ola de amparos por parte de los de más elevados niveles de ingreso (especialmente en el Poder Judicial) y desconcierto por hacer extensiva la medida a los funcionarios de mediano nivel de sueldos.

En este contexto en materia de crecimiento económico no se puede ser muy optimista porque prácticamente en cualquier fuente se observan bajas expectativas para 2019 y 2020, tanto por razones internas como externas. Sin embargo, en estos primeros meses se ha mantenido una baja inflación y un tipo de cambio peso-dólar estable.

El cambio que representa el nuevo gobierno comienza a visualizarse, ya que desde los primeros días se tomaron algunas medidas drásticas. A medida que pasen los meses, esperemos que empiecen a dar buenos resultados y que la ciudadanía siga siendo crítica con aquellas decisiones que no le parecen o se instrumenten mal, para que se puedan corregir errores, ¨comisiones¨ y omisiones.

Después de todo, esa es la democracia honesta que queremos, una de buenas acciones...para la mayoría.

(Abril 2019)