Documentados los casos de los estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero, así como los de la Escuela Normal Rural de Tenería en el Estado de México, el de la Normal para Mujeres Carmen Serdán en Puebla y el de los estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Vasco de Quiroga, en Michoacán, se advierte un actuar empoderado de estos jóvenes, quienes han logrado concentrar los temores y preocupaciones de los gobiernos de los estados y del federal, por los hechos que les son comunes: el secuestro de camiones y choferes, que sólo se liberaron con el compromiso de la autoridad de entregarles un cierto número de plazas de maestros al término de sus estudios, la mejora de instalaciones y el posible desvío de recursos en la Carmen Serdán y la demanda de apoyos y bonos en Tiripetío.
Entre los límites de la ley y lo que ésta establece en torno al secuestro de personas y de bienes y la libertad de manifestación, en cualquier asomo de represión se advierte el miedo de la autoridad de actuar frente al fantasma de Ayotzinapa, de ser señalados como represores o más. La reacción plausible se ve compleja pero hacerlo y decidir con las armas propias de la política, vamos, del diálogo y la ley es lo que corresponde.
La reflexión y el juicio requiere de considerar que en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, asentada en Ayotzinapa, fundada hace casi cien años, se formaron Lucio Cabañas y Genaro Vásquez Rojas, cuyo liderazgo generó esperanza entre esta región guerrerense, la que terminó cuando fueron reprimidos. Mirar entonces la actuación de los jóvenes normalistas con una visión propia de la eficiencia moderna que mide calidad de conocimientos, promedios, habilidades y capacidades sin hacer un análisis de la realidad y el contexto de los futuros maestros, que han de ser guía de alumnos y sus comunidades, pudiera ser simplista. Una y otra ópticas son superficiales si en la revisión de los hechos no entra el componente social, la penetración del narco, la irritación de las comunidades por el rezago que viven y más; sin embargo, lo que manda, sin duda, es el Estado de Derecho. La coacción no puede ser mandato para la entrega de las plazas y las otras demandas, y la moneda de cambio, el delito.
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@MargaJimenez4
