Una de las instituciones que más ha batallado a través del tiempo para combatir los actos de corrupción que tienta todos los días a su personal, además de los cuerpos de seguridad en todos los niveles, es la encargada de la persecución de los delitos.
Es la Fiscalía General de Justicia, una de las que más angustia le genera a los ciudadanos, ya sea por la necesidad de denunciar, o ya sea por ser señalado como responsable de un hecho calificado como delito por la ley penal.
Esta institución representa para una gran parte de la población un foco de grave corrupción. Y es desafortunada la percepción que de ella se tiene porque hay, dentro de su personal, quienes ofrecen una conducta recta, intachable y dedicada al servicio público por convicción, pero no son todos.
A través de los años, ha sido necesario abrir áreas dentro de la misma Fiscalía para atender los reclamos de actos de corrupción. El esfuerzo no ha sido menor, no obstante; luce imposible pensar que algún día se acaben esas prácticas que tanto lastiman a la sociedad, toda.
A pesar del esfuerzo que en diferentes administraciones se ha dedicado al tema, incluyendo línea directa a las oficinas del fiscal general, anuncios enormes con números telefónicos para reportar algún incidente irregular, es muy complicado cubrir todo el territorio estatal con la eficiencia que el hecho merece.
Para la gran mayoría de los usuarios, la idea de acudir a esta instancia en busca de justicia les representa un verdadero martirio, por lo que una incontable cantidad de afectados desiste, ya sea por cuestión de tiempo, o por alguna otra razón, entre las que se puede contar el miedo a alguna represalia.
El Ministerio Público es la autoridad que ostenta el monopolio del ejercicio de la acción penal, y, por ende, es el encargado de la investigación de un hecho calificado como delito, no hay otra. Cuando no se denuncia la comisión de un delito, se contribuye a alimentar una cifra que termina siendo engañosa en la percepción de inseguridad, y como consecuencia, propicia impunidad.
Las actividades del personal encargado de la recepción de denuncias son debidamente registradas en un sistema para que se pueda tener mejor control, aunque no es suficiente, porque incluso, la necesidad del servicio ha obligado a la institución a actualizarse por el reclamo social. Lo que la ha llevado a reorganizarse y reinventarse continuamente, por ello, se ha visto en la necesidad de crear áreas especializadas para ofrecer un mejor servicio.
Es la procuración de justicia un asunto con dinámica propia, con una revolución continua, pues el ritmo lo impone la propia sociedad. De la misma forma, existen áreas destinadas a supervisar, y en su caso, corregir las malas prácticas que comete su personal, no está de más señalar que las posibilidades son de un número inimaginable, a pesar de que aparentemente existen las suficientes para tener control y orden.
Sin embargo, cuando se trata de corrupción, se encuentra cualquier resquicio para lograr el objetivo, con el que se busca un beneficio propio, en perjuicio de otro. Siempre hay un afectado.
El personal que labora en la institución no está exento de verse involucrado en algún conflicto legal, es normal, pero debe saber qué está impedido para aprovechar las condiciones de su trabajo para sacar ventaja sobre su contraparte.
Es el caso, por ejemplo, el de un albañil de nombre José, que, por la necesidad de llevar de comer a su casa, y estar poniendo en riesgo su salud y la de su familia, se puso a trabajar en lo que sabe, la construcción; pero cometió un grave error, hacerlo para una agente del Ministerio Público. Pero ¿por qué fue error? En efecto, no debería serlo, pero en esta ocasión sí lo fue.
Resulta que don José hizo una construcción para la licenciada Sonia Santín Romero, quien se desempeña como agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Metepec, esto ocurrió en el poblado de Otzolotepec; pero la licenciada, quien además de no pagarle, lo demandó penalmente. Lo más preocupante para don José, es que la carpeta de investigación se encuentra siendo integrada en la fiscalía de Metepec, casualmente, cuando debería, en el caso de darse el hecho, investigarse en la Agencia de Xonacatlán, lugar al que corresponde por jurisdicción, es sano preguntar entonces al Fiscal General Alejandro Jaime Gómez Sánchez ¿por qué se puede dar esta circunstancia? ¿No estaría acaso aprovechándose de su cargo la supuesta víctima?
No parece ser casual el hecho señalado. Esperemos por lo menos conocer si trabajar para la fiscalía representa tener una ventaja por encima de los demás ciudadanos.
Isidro Pastor aún sin definición
Hace poco se dio a conocer la noticia de que Isidro Pastor Medrano, ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, se encontraba en pláticas para integrarse al Partido Encuentro Social con el visto bueno de Dante Delgado; sin embargo, Pastor Medrano aún no ha definido su futuro inmediato.
Aunque, a decir verdad, por tratarse de un personaje con la capacidad operadora que representa, difícilmente se quedará quieto, así que, posiblemente pronto esté dando de qué hablar.
