El pasado mes de septiembre se celebró el Día Mundial para el Embarazo No Planificado en Adolescentes, refiriendo un problema estructural que merece ser incluido como asunto de urgente atención en la agenda gubernamental tanto federal, como estatal, porque este fenómeno de adolescentes, en México, reproduce patrones de abuso, pobreza y resquebrajamiento del tejido social afectando, principalmente, a este sector de la población que más que un mejor futuro, exige, con urgencia, un mejor presente.
El académico Luis Alfonso Guadarrama Rico, experto en el tema, afirma que el embarazo en adolescentes es un fenómeno que se tiene ampliamente estudiado a través de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) que se realiza desde 2015, a través del cual se cuenta con información detallada no solo a nivel estatal sino, incluso municipal, de todo el territorio nacional, tanto del perfil de las madres adolescentes, como de los hombres que las embarazan, por lo que afirma que este problema perpetúa otros problemas como la violencia, el rezago educativo y el atraso de la sociedad en general.
Bajo el proyecto Libélula, que encabeza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx, el doctor Guadarrama Rico explica que el embarazo adolescente es un problema de abuso sexual porque la mayoría de las madres tienen entre 10 y 14 años de edad o, incluso, han llegado al parto madres de nueve años de edad, en donde es imposible pensar que se trata de un embarazo deseado y más bien, ocurre como resultado de un abuso recurrente por parte de hombres mayores que ellas.
Pero también hay chicas de entre 15 a 19 años que se embarazan, en la mayoría de los casos, por falta de una educación sexual adecuada, enfrentando una imposición socio-cultural para llevar el embarazo a su término. En este caso se encuentran jóvenes de entre 17 y 19 años, que constituyen el 75-80% de los casos y llegan al parto sin tener las condiciones físicas, emocionales y hasta de desarrollo cerebral para calcular todo lo que implica ser madres y, en consecuencia, reproducen en sus hijos todo el esquema de desventajas que ellas viven.
La atención del abuso sexual en niñas y adolescentes cuenta con instancias, como la Comisión de Derechos Humanos, con muy poca capacidad, fuerza política o económica para exigir acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como con muy poca fuerza legislativa, operativa, instrumental para que se materialice el derecho a una atención médica, nutricional, psicológica y de buena crianza que esté libre, además, de la violencia de sus parejas. Sin importar que lo diga a la letra, la comisión de DDHH lo único que puede hacer es recomendar y permitir que esas recomendaciones se sigan “pasando por el arco del triunfo” porque ninguna instancia federal, estatal o municipal materializa este derecho que dice proteger.
Por otro lado, la prevención del embarazo en adolescentes exige una educación sexual adecuada tanto en las escuelas de nivel básica y medio superior, como en las propias comunidades. Porque se tiene detectado que el 60% de adolescentes, a partir de los 15 años, son sexualmente activos y que, aproximadamente, el 40% de chicas y chicos de entre 17 y 19 años, principalmente, ya no están en las escuelas. A ellas y ellos el Estado debe proveer, a través de los DIF municipales u otras instancias especializadas, una educación intensiva y focalizada para explicar cómo llevar una vida sexual saludable y cómo posponer o cuidar la decisión de embarazarse hasta después de los 20 años.
Y esta atención debe estar acompañada con educadores, personal de salud y con insumos de prevención porque si no es así, no nos equivoquemos, advierte el doctor Guadarrama, este fenómeno no se va a revertir. No basta con platiquitas o con conferencias, se tiene que hacer de forma integral con la atención del personal profesional especializado y con insumos de prevención como condones, parches hormonales, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos de cobre, e información específica para atender una infección de transmisión sexual (ITS).
También se debe acatar la ley y atender a la población de 14 años en adelante que lo requiera, sola o acompañada, con la pastilla del día después e, incluso, con la interrupción legal del embarazo si lo solicita, como ya lo dictaminó la SCJN, quien estableció que toda instancia del sistema de salud federal como el IMSS y el ISSSTE deben ofrecer este servicio porque ya no es un delito, es parte de la salud sexual reproductiva y es un derecho humano.
El Estado también debe cambiar el enfoque del trabajo adolescente que realiza desde 2015, que contempla capacitación con cursos de macramé, postres, hilados, tejidos, bordados, elaboración de gelatinas, entre otras, porque eso no es suficiente para sacarlas del círculo de la pobreza ni a ellas, ni a sus hijos y las deja dependientes de las ayudas gubernamentales -que son pocas e insuficientes- así como de la familia, cuando la hay, porque en la mayoría de los casos, las madres adolescentes son abandonadas a su suerte.
Los nuevos ciclos gubernamentales ofrecen la oportunidad de replantear, desde el diseño de políticas públicas, el rescate de los círculos de pobreza y marginación de las madres adolescentes y de sus hijos, con estrategias integrales y prioritarias para revertir esta situación que impacta a la sociedad en su conjunto y que, hasta ahora, no se ha querido atender de manera seria, advierte el investigador.
@IrmaCruzE
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