Toluca/Estado de México
José Martínez Vilchis, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) ordenó a la Secretaría Técnica del Instituto notificar y ejecutar 89 medidas de apremio; 60 de ellas, apercibimientos y 29 amonestaciones públicas, a diferentes sujetos obligados del Poder Ejecutivo; Ayuntamientos; organismos de agua municipales y sistemas municipales DIF.
Emite #INFOEM mil 588 medidas de apremio; hay 12 multas
En su intervención al referirse a uno de los recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía, la comisionada María del Rosario Mejía Ayala emitió voto disidente, toda vez que, desde su criterio, en la visita de inspección que dio origen al procedimiento, el personal adscrito al sujeto obligado constató que existían actividades que podrían causar daño o deterioro grave a los recursos naturales.
Al tratarse de una cuestión de interés público y al encontrarse el sujeto obligado en carácter de presunto infractor, se actualiza una excepción a la reserva, en virtud que el acceso a un medio ambiente sano tiene implicaciones trasversales para la ciudadanía.
En otro asunto, la Comisionada Sharon Morales Martínez emitió voto particular en una resolución, debido a que consideró que la información que se ordena entregar puede contener la fotografía de servidores públicos que no tienen un nivel de mando medio o superior; en tal caso, la misma debe ser clasificada como confidencial, ya que no se advierte un interés público en su publicidad.
Dijo que pese a su rol público, los servidores públicos conservan derechos fundamentales a la privacidad y a su propia imagen; y que divulgar la fotografía puede comprometer su seguridad personal.
El comisionado Luis Gustavo Parra Noriega hizo un voto particular al señalar que, desde su punto de vista, al haberse determinado en la resolución que los procedimientos administrativos en trámite por posibles violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción son información de acceso público, una vez resuelto el expediente, si se determina que no se cometieron los hechos que se acusan, el nombre quedaría como confidencial, perdiendo la oportunidad de que la sociedad pueda conocer que no hubo responsabilidad.
Por último, la comisionada Guadalupe Ramírez Peña, al emitir voto disidente en otro recurso, comentó que no se comparte la salvedad de los proyectos propuestos, dado que el servidor público competente tanto en respuesta como en informe justificado, reservó la información solicitada, con lo cual reconoce la existencia de los proyectos solicitados; y en ese sentido, la clasificación y la inexistencia no coexisten entre sí, dado que la clasificación de información implica, invariablemente, la existencia de un documento o documentos determinados.
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