Ecatepec/Estado de México
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el derecho humano al agua en Ecatepec obliga al municipio a garantizar hasta 100 litros diarios de agua potable a las personas quejosas y establece una serie de medidas inmediatas y de mediano plazo que alcanzan la planeación, infraestructura, presupuesto y supervisión del servicio.
La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, advirtió que la resolución puede convertirse en un precedente de graves consecuencias para los municipios del país, al considerar que algunas de sus disposiciones inciden en atribuciones municipales y podrían comprometer presupuestos muy superiores a la capacidad financiera de los ayuntamientos.
La alcaldesa dimensionó el problema con cifras: la renovación de redes de agua potable y drenaje en una sola región de Ecatepec requeriría alrededor de 7 mil millones de pesos, cantidad equivalente, dijo, al presupuesto anual del municipio. Si la intervención alcanzara cinco regiones, el costo rondaría los 35 mil millones de pesos.
“Me parece que sí es un precedente grave”, sostuvo Cisneros, quien señaló que una obligación de esta magnitud puede repercutir en la ejecución de otras obras y servicios municipales.
La Corte ordena garantizar 100 litros diarios
Los proyectos correspondientes a los amparos en revisión 13/2026 y 14/2026, relacionados con Ecatepec, establecen como medida inmediata que el organismo municipal de agua garantice 100 litros de agua potable diariamente a cada una de las personas quejosas.
El suministro deberá realizarse preferentemente mediante la red hidráulica y sin condicionarlo a pago alguno. Cuando esto resulte imposible, el agua deberá proporcionarse mediante pipas u otro medio idóneo.
La resolución también contempla controles para acreditar las entregas, vigilancia de las condiciones sanitarias de las pipas y de la potabilidad del agua, además de supervisión sobre trabajos en pozos y medidas para evitar contaminación de los acuíferos.
En el mediano plazo, las obligaciones son mayores: el municipio deberá formular un programa para la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, con diagnóstico de la red hidráulica, identificación de fugas, cronograma de reparaciones y mantenimiento, alternativas para enfrentar la escasez y mecanismos que permitan conocer cuánta agua llega a los hogares.
El Ayuntamiento deberá presupuestar los recursos necesarios para cumplir el programa y garantizar una asignación progresiva de recursos. También se vincula a autoridades estatales y federales para facilitar recursos y autorizaciones relacionadas con las obras.
Cisneros cuestiona que no se reconocieran inversiones
Azucena Cisneros aseguró que una parte importante de las obligaciones establecidas por la Corte ya se encuentra en marcha desde el inicio de su administración y cuestionó que, según su versión, la información presentada por el municipio sobre esos trabajos no fuera considerada suficientemente en los proyectos.
“Nos obligan a hacer cosas que nosotros ya hemos hecho”, afirmó.
La presidenta municipal informó que desde enero de 2025 se han destinado más de mil 700 millones de pesos a infraestructura hidráulica y aseguró que se han rehabilitado más de 70 pozos, incluidos 24 cuya intervención comenzó desde el arranque de la administración.
De acuerdo con Cisneros, cuando recibió el gobierno municipal alrededor de 70 por ciento del territorio presentaba irregularidades o problemas relacionados con el abastecimiento por red. Actualmente, sostuvo, la proporción se ha invertido y 70 por ciento cuenta ya con suministro mediante la red, mientras resta alrededor de 30 por ciento por regularizar.
La alcaldesa señaló además que Ecatepec tiene alrededor de 22 mil calles y estimó que aproximadamente 60 por ciento presenta algún problema relacionado con las redes de drenaje, resultado de años sin sustituciones integrales de infraestructura.
Advierte afectación a la autonomía municipal
Cisneros sostuvo que el punto de mayor preocupación no se limita a Ecatepec, sino al alcance que la resolución pueda tener como precedente para otros ayuntamientos.
A su juicio, imponer obligaciones presupuestales y de infraestructura de esta dimensión puede entrar en tensión con la autonomía municipal, particularmente en localidades que no disponen de los recursos financieros necesarios.
La alcaldesa comparó además las resoluciones de Ecatepec con el precedente AR 544/2025 de Chihuahua, al considerar que las obligaciones planteadas ahora son considerablemente más amplias.
Mientras el precedente de Chihuahua estableció medidas para garantizar el mínimo vital de agua a los habitantes quejosos, los asuntos de Ecatepec incorporan obligaciones relacionadas con suministro, infraestructura, diagnóstico, pozos, vigilancia sanitaria, programación, evaluación y asignación presupuestal.
Pese a sus cuestionamientos, Cisneros aseguró que el gobierno municipal acatará lo que finalmente determine la Suprema Corte y entregará la documentación necesaria para acreditar las medidas realizadas.
La presidenta municipal insistió, sin embargo, en que el problema rebasa a quienes promovieron los amparos. Frente al alrededor de mil personas involucradas en estos procedimientos, dijo, el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar el derecho al agua para los 1.64 millones de habitantes de Ecatepec.
El debate que deja la resolución sostuvo, no está en reconocer el agua como un derecho humano, principio que el municipio comparte, sino en determinar hasta dónde puede llegar una sentencia judicial al ordenar obras, programas y asignaciones presupuestales cuya ejecución depende de las capacidades financieras y constitucionales de cada municipio.
Datos:
¿Qué ordenó la Suprema Corte para Ecatepec?
La SCJN ordenó garantizar 100 litros diarios de agua potable a cada persona quejosa, preferentemente mediante la red y, si no es posible, con pipas u otro medio.
¿Por qué Azucena Cisneros cuestiona la resolución?
La alcaldesa considera que algunas obligaciones inciden en atribuciones municipales y podrían comprometer recursos que superan la capacidad financiera del Ayuntamiento.
¿Cuánto costaría renovar la infraestructura hidráulica?
Cisneros estimó que renovar las redes de agua potable y drenaje de una región costaría alrededor de 7 mil millones de pesos y cinco regiones requerirían unos 35 mil millones.
Video: Azucena Cisneros impugna resolución y exige justicia por violencia política
