Sin lugar a dudas, seis de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia (¿?) de la Nación, tatuados con los colores de Morena, demostraron una vez más de qué lado están y que su compromiso total, absoluto y de hinojos es con Andrés Manuel López Obrador (padrino de más de cuatro de éstos), así como de la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, al darle mandíbulas de tiburón a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que pueda bloquear y congelar —cuando le plazca— las cuentas bancarias de cualquier ciudadano de nuestro cada vez más vapuleado país, sin una orden judicial.
No podemos dejar de lado que la Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A partir de la semana pasada, cuenta con garantías y atribuciones para incorporar a personas físicas y morales a la “Lista de Personas Bloqueadas”.
Los llamados “ministros del pueblo” le dieron la espalda a decenas de millones de mexicanos y confirmamos lo que sabíamos: millones de mexicanos que, con la nada confiable y sumisa morenista Suprema Corte de (In)justicia del acordeón —condenado corrector— de la Nación, no íbamos a tener confianza de ningún tipo, y vaticinamos lo que podía pasar en pocos meses y ¡zas!, ya se hizo realidad: seis ministros se entregaron de hinojos —como se esperaba— a las huestes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, además del partido en el poder, mancillando las garantías individuales y pasándose por el arco del triunfo a nuestra Carta Magna, que ha sido ultrajada en 110 de los 136 artículos por Morena y sus rémoras del PT y del PVEM.
Los seis ministros, en su sesión celebrada el pasado lunes seis del mes en curso, y que sumisamente votaron a favor de esta despreciable y perversa decisión, que le abre aún más las fauces al tiburón gigante llamado UIF, fueron el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González (impuestos por AMLO), Sara Irene Herrerías Guerra y Giovanni Azael Figueroa Mejía, que aniquilaron la confianza de millones de mexicanos como usuarios de la banca y que, obviamente, no volverán a confiar en las instituciones bancarias.
Bien dice el refrán: “qué mal comienza la semana para el que ahorcan en lunes”. Por lo que los seis ministros (escogidos por AMLO, por los senadores morenistas y por Claudia Sheinbaum) seguirán obedeciendo todas y cada una de las indicaciones enviadas desde Palacio Nacional, ya sea “por sugerencia” y/o “por encargo”, para aprobarlas a pie juntillas, sin chistar, que, a fin de cuentas, gracias a los ya mencionados, están sentados en la SCJN.
Los seis ministros votantes arriba mencionados avalaron que, sin previa acusación formal, la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas sin autorización de ningún juez, sin previo aviso; es decir, violando flagrantemente nuestra ya de por sí parchada Constitución, que ha sido despedazada por AMLO y, últimamente, la ha rematado Sheinbaum Pardo en 106 de 136 de sus artículos.
Dicha decisión reventó la línea más delgada de la eficacia del Estado y para ver con ojos de perversidad a todos los ciudadanos que manejen, de la manera más decente y cuidadosa, alguna o varias cuentas bancarias desde hace varias décadas, sin haber violado ningún artículo de la Ley de Instituciones de Crédito.
La irresponsabilidad y la supina ignorancia en temas legales y jurídicos de estos aprendices de abogados, enfundados en la toga de ministro, que les quedó muy, pero muy grande y ancha, nunca debieron haber tomado protesta ni posesión al frente de la SCJN, pues en sus sesiones han demostrado que lo suyo no es decidir por el beneficio colectivo, sino el de obedecer de hinojos lo que envíe desde “La Chingada” el escondido y próximamente innombrable Andrés Manuel López Obrador, quien sigue enfermo de poder y no ha dejado de enviar órdenes perversas que le aprueban los tres Poderes de la Unión —cuya separación ya no existe— y que están envueltos en un color: el guinda del más nefasto movimiento político que haya surgido en nuestro vapuleado país: Morena.
El resentido y rencoroso AMLO, insaciable con el poder, sigue saliéndose con la suya, da instrucciones a todas y todos, manipula a su antojo, a su arbitrio, a sus subordinados, porque eso sigue siendo: el jefe, su mesías. El tabasqueño no es el poder tras el trono, es el poder absoluto ante los morenistas, los petistas, los verdes y los cuatroteros.
Con esta rencorosa y estomacal instrucción de AMLO, de Sheinbaum y de Morena, porque como no pudieron consumar su anhelada dictadura, ahora, en venganza, quieren infundir temor, miedo e inseguridad a las decenas de millones de mexicanos, usuarios de la banca, que estarán en el ojo del huracán de la UIF, que actuará a sus anchas y congelará las cuentas de quien resulte “sospechoso” de “malos manejos”.
A partir de hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá ordenar el congelamiento de cuentas bancarias cuando cuente con indicios suficientes de que el titular está relacionado con los delitos de lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, sin que sea necesario acudir previamente ante un juez ni esperar una solicitud proveniente del extranjero.
El tribunal reflexionó que el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito introduce un procedimiento formal que garantiza el derecho de audiencia. El cuentahabiente bloqueado cuenta con cinco días hábiles para solicitar ser escuchado, 10 días para presentar sus argumentos y pruebas, y la UIF tiene 15 días para emitir una resolución fundada.
Los ministros que votaron a favor señalaron que la UIF no determina culpabilidad de nadie ni sustituye al Ministerio Público (¿?), sino que actúa en el marco de sus atribuciones de verificación para prevenir el flujo de recursos ilícitos.
Un comentario desbordado de los “sesudos” ministros, debido a que a la UIF le están dando superpoderes para congelar las cuentas que crea conveniente y que, “a su juicio”, la estén utilizando ilícita e ilegalmente.
Se tiene contabilizado que, desde principios de diciembre de 2018 (en el inicio del sexenio del macuspano) hasta agosto de 2025, se promovieron tres mil 659 amparos por inclusión en la lista de personas bloqueadas; el 77% de los casos fueron desbloqueadas sus cuentas bancarias.
Por su parte, la inquilina de Palacio Nacional señaló que “no hay nada que temer” por la resolución de su subordinada Corte del acordeón, que vulnera el Estado de derecho de decenas de millones de mexicanos que “estaremos a merced de la UIF” y “seremos sospechosos automáticamente de cualquier operación bancaria”.
LA RESOLUCIÓN AFECTA LA INVERSIÓN EN MÉXICO
Por su parte, Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), puso el dedo en la llaga al asegurar que “la decisión de la SCJN en torno al bloqueo de cuentas por parte de la UIF afecta la confianza para invertir en México; esto es clarísimo: la resolución permite el bloqueo de cuentas sin un control judicial previo, esto debilita el Estado de derecho y abre un espacio de gran incertidumbre que afecta directamente la confianza, la inversión y el desarrollo económico del país”.
Prosiguió y señaló: “lo que advertimos en Coparmex es que este criterio rompe con un precedente previo que establece el riesgo institucional al permitir afectaciones al patrimonio de personas y empresas sin reglas claras ni supervisión judicial oportuna. Validar bloqueos con base en indicios suficientes sin una orden judicial previa lesiona el principio de presunción de inocencia; esto genera efectos similares a una sanción anticipada y coloca a los afectados en desventaja para su defensa”.
Resaltó que en Coparmex han sido consistentes en que el combate a las operaciones ilícitas debe realizarse, pero con pleno respeto al Estado de derecho, asegurando reglas claras, proporcionalidad y mecanismos de control que eviten los abusos.
Y señaló que la gran reflexión es: ¿por qué México no crece económicamente? Porque no hay confianza, y sin confianza no hay inversiones, ni desarrollo económico ni empleos bien pagados que tanto necesita México.
México, para ser atractivo en inversiones, debe trabajar en materia de seguridad, en certeza jurídica y en energía.
Así pues, el gobierno federal vuelve a decepcionar con la nefasta resolución de la Suprema Corte, que tiene a ministros carentes del perfil idóneo para ocupar y desempeñar tan importante cargo. Hasta el día de hoy, los nueve ministros han demostrado en sus propias sesiones —que hacen públicas— un absoluto y rotundo desconocimiento en materia de derecho en todas sus vertientes, en las que se atropellan cada uno de ellos y entre ellos mismos; en donde desconocen los temas planteados a tratar y desarrollar y dan unas respuestas primitivas y carentes de todo sustento jurídico y legal, por lo que les tienen que enmendar y corregir sus paupérrimos argumentos.
Sin lugar a dudas, esta Suprema Corte de la Nación es la más inexperta, en la que los nueve ministros no tienen el perfil ni la experiencia jurídica ni profesional para desarrollar y desempeñar sus labores profesional y honestamente; es una Corte que ha trascendido para mal, ha sido muy criticada y decepcionante para decenas de millones de mexicanos. Claro está, los progobiernistas a todo dicen que sí, sin sustento alguno.
No olvidemos que fueron los Poderes Ejecutivo y Legislativo morenistas los que, a través de su vulgar tómbola y sus nefastos acordeones, “seleccionaron” a los peores ministros que jamás hayamos tenido y lo hicieron con un simple fin: tenerlos controlados y que obedecieran a pie juntillas sus consabidas órdenes. Lo más lamentable es que seguimos en caída libre.
MINISTROS “AUSTEROS”
Un “detallito” más en contra de los “austeros” y mentirosos ministros de la Nación fue que se asignaron para este 2026 la suma de 65 mil pesos mensuales para sus comidas, además del salario elevado que tienen asignado. Dicha cantidad se incrementó 12.7% para este año, sin dejar de lado que los nueve ministros nos cuestan a todos los mexicanos decenas de millones de pesos mensuales, como el ministro presidente Hugo Aguilar, que tiene a ¡100 asesores!, con un presupuesto mensual de cinco millones de pesos, contra seis asesores que tenía en su equipo la exministra Norma Piña, o la autollamada “ministra del pueblo” Lenia Batres Guadarrama, que nos cuesta a todas y todos los mexicanos la friolera suma de ¡cuatro millones de pesos mensuales!
Vergonzoso e indignante que el gobierno de Claudia Sheinbaum siga engañando a los mexicanos con su “austeridad republicana”, porque tener a esta ineficiente e ineficaz y multimillonaria Suprema Corte de (In)justicia de la Nación no es más que un cuento; la realidad es patética e indignante.
