La conversación pública en el Estado de México se mueve hoy en dos canales que parecen no sintonizar la misma frecuencia. Por un lado, la narrativa institucional despliega cifras y boletines con aires de triunfo; por el otro, la calle, las redes sociales y el día a día de los ciudadanos cuentan una historia con matices bastante más complejos y perturbadores.
En las mesas de análisis y en los reportes de gobierno, el acento está puesto en los indicadores de la ENVIPE del INEGI y en la reducción en la percepción de inseguridad a nivel nacional, pasando del 50.6% al 35.9%. Se presumen además los despliegues de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch y las acciones de la administración estatal dirigidas a la contención de delitos de alto impacto.
A ello se suman golpes mediáticos de peso, como los avances tras la histórica Operación Enjambre —que derivó en condenas para siete mandos y servidores públicos por presuntos vínculos con el crimen organizado— o el reciente macrooperativo interinstitucional en territorio mexiquense que dejó un saldo de más de mil 200 personas detenidas en una sola jornada.
Sin embargo, cuando se rasca la superficie del discurso oficial, emergen las grietas del verdadero escenario de seguridad en la entidad.
En los corrillos policiales y comunitarios del sur y oriente del Estado de México, la lectura sobre la Operación Enjambre no es del todo triunfalista. Se percibe, más bien, un tufo a depuración selectiva donde cayeron los eslabones más visibles y prescindibles de la cadena, mientras las verdaderas estructuras de protección e influencia política permanecen prácticamente intactas o simplemente se reacomodan ante los nuevos aires del poder local.
Más alarmante resulta la paradoja de la "paz" en la región sur. Mientras las estadísticas muestran una baja en las carpetas de investigación de ciertos delitos, en el terreno la explicación es otra muy distinta: la baja no responde a la eficacia de la autoridad, sino al control territorial absoluto de grupos como La Familia Michoacana o el CJNG. La población sencillamente ya no denuncia porque el crimen organizado ejerce un gobierno de facto, imponiendo cuotas, fijando el precio del huevo, el pollo y las tortillas, e interrumpiendo la vida cotidiana sin mayor freno; y además, provocando el miedo para que no denuncien, lo amparan las cifras “alegres” oficiales.
A este panorama se suma la sofisticación delictiva que ya no requiere de un arma larga en la calle para extorsionar. La reciente desarticulación en Metepec de la banda encabezada por el exfuncionario michoacano Luis Miranda Contreras —que no pertenece a los políticos Miranda del Edomex— encendió las alertas al revelar cómo se utilizaba inteligencia artificial para clonar la voz de figuras políticas de primer nivel —desde senadores hasta exsecretarios de Estado— para presionar a gobiernos locales y empresarios. Un modus operandi que ya permea en el comercio y las familias del Valle de Toluca. Vaya usted a saber cuándo más hay por ahí haciendo lo mismo.
Entre la numeralia de las conferencias mañaneras y la realidad sin filtro que se vive en los municipios conurbados, la ciudadanía sigue esperando que la brecha se cierre. Porque mientras el discurso oficial celebra detenciones multitudinarias, en la calle la tranquilidad sigue midiéndose no en cifras, sino en la certeza de salir a trabajar sin tener que pagar cuota.
Hasta la próxima.
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