Este octubre se cumplen cinco años del funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y uno de los principales retos es que los servidores públicos sean realmente sancionados cuando cometen actos de corrupción, consideró el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción estatal.
En entrevista el excomisionado del Instituto de Transparencia mexiquense (INFOEM) dijo que, si bien se ha avanzado, aún está pendiente la posibilidad de sancionar e incluso hacer recomendaciones, ello si se considera que uno de los principales objetivos es que el ciudadano note un cambio en el funcionamiento de los entes gubernamentales.
Dijo que, aunque el principal reto es consolidar institucionalmente el procedimiento, lo que implica echar a andar la política estatal anticorrupción, el CPC del que forma parte deberá generar propuestas concretas para generar procedimientos, donde se incluya la sanción.
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Afirmó que adicionalmente, se debe fortalecer su condición de vigilante, y que las instancias que forman parte del sistema estatal desempeñen su trabajo de forma adecuada.
“Hay actores políticos que han dicho que el sistema ha fallado por no sancionar actos de corrupción. Es una preocupación legítima que permea en la sociedad”.
Es por ello por lo que consideró que el próximo año, quien encabece el Sistema Estatal, tendrá que platicar con las instancias encargadas de detectar, investigar y sancionar presuntas conductas irregulares, tal es el caso de dependencias como la Secretaría de la Contraloría y el propio Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM).
Dijo que hay que partir de un diagnóstico situacional de dónde se encuentra el Sistema Estatal:
“En el desempeño institucional hay puntos ciegos, que después cuesta mucho trabajo remover y eso también debe ser tomado en cuenta”.
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