Toluca/Estado de México
Alejandro Gómez Sánchez, fiscal General de Justicia del Estado de México informó que hay un déficit de hasta 300 médicos legistas, pues en la actualidad únicamente llegan a 230 y deberían ser más de 500 para cubrir las 377 mil certificaciones médicas anuales.
Aunque reconoció que una solución podría ser aumento de presupuesto, por el momento tema del recurso no fue abordado con los diputados locales, con quienes se reunió la tarde de ayer para entregar el informe de labores de 2018.
“Los señores diputados manifestaron su plena disposición para trabajar juntos, de la mano y pasar este bache de inseguridad que evidentemente tenemos y sólo lo vamos a brincar si trabajamos juntos las diversas instancias de gobierno y la ciudadanía”.
Por el momento, dijo, el faltante lo cubren con apoyo de los ayuntamientos, pues amablemente algunos de ellos nos han ofrecido que ellos ponen al médico legista, lo que permite habilitarlo ante la Fiscalía y que ejerza.
Adelantó que están por entrar en la autonomía de la nómina lo que permite establecer los tabuladores salariales propios, con ello implementar el servicio profesional de carrera, para en 2020 poder iniciar con las evaluaciones correspondientes del personal.
Sobre los avances, detalló que hubo un incremento en la judicialización de carpetas de investigación durante 2018, en 21% en comparación con un año anterior, es decir, un registro de 16 mil 291 carpetas.
Luego de entregar su informe de actividades a la Legislatura mexiquense explicó que sostendrá reuniones con las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, además de Equidad de Género y Feminicidios, entre otras.
Dijo que fueron 129 mil 583 audiencias que atendió el Ministerio Público de todo tipo, es decir, 355 audiencias por día; aunado a un incremento de 13% de sentencias condenatorias, con 7 mil 151 personas sentenciadas, más de 5 mil 600 por delitos de alto impacto quienes van a alcanzar una penalidad superior a los cinco años.
En 2018 hubo 10 mil 396 imputados vinculados a proceso, es decir, 18% más que en 2017; lo que demuestra que mejoró el funcionamiento de la instancia en relación a los resultados arrojados como Procuraduría.
“Desde el momento en que tenemos una mayor cantidad de imputados vinculados a proceso y de sentenciados, podría decir que sí, este cambio no debemos verlo en función de la Fiscalía, sino debemos considerarlo en todo el proceso penal, porque significa la capacidad de los tribunales para procesar las audiencias y del sistema penitenciario para procesar a esta cantidad de detenidos”.
Gómez Sánchez enfatizó que con los diputados estatales platicó que hay cinco sentencias por el delito de feminicidio vitalicias, lo que coloca a la entidad en el primer lugar nacional con estas penalidades, además de tener 40 sentencias por feminicidio con 90 años de prisión y en trata de personas hubo una sentencia por 99 años por explotación sexual forzada, que es la primera en Latinoamérica.
