Toluca/Estado de México
Los diputados de Morena en la Legislatura mexiquense plantearon suprimir la Secretaría Ejecutiva de Sistema Anticorrupción, bajo el argumento de que ésta reforma eliminará estructuras burocráticas injustificadas y opacas.
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Ante ello, con la finalidad de evitar la duplicidad de funciones y eficientar el uso de los recursos públicos, la diputada Azucena Cisneros Coss planteó extinguir la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y transferir sus funciones, presupuesto y personal como una Unidad Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal.
Señaló que su iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas de la entidad, la cual no modifica la naturaleza ni las facultades del Sistema Estatal Anticorrupción, y solo busca el funcionamiento administrativo adecuado, evitar duplicidad de funciones y la creación de estructuras burocráticas injustificadas y opacas.
También, explicó que la Secretaría de la Contraloría podría asumir las funciones del Sistema Anticorrupción, dadas sus atribuciones, y que además cuenta con personal profesional en materia de combate a la corrupción, así como con la infraestructura e información necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, lo cual ayudaría a eficientar el objeto del Sistema Estatal Anticorrupción.
Refiere el documento que a casi siete años de la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción no existe evidencia sólida a partir de la cual pueda afirmarse que existe un combate a la corrupción más eficiente y efectivo, por lo que se vuelve fundamental examinar los instrumentos legales que se emplean para prevenirla, combatirla y sancionarla.
Asimismo, la propuesta, remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, indica que aun cuando la legislación en materia anticorrupción se encuentra homologada con los ordenamientos generales, la creación de la Secretaría Ejecutiva carece de sustento constitucional, mientras que la Ley Orgánica de la Administración Pública otorga facultades a la Secretaría de la Contraloría para participar, colaborar e implementar las acciones que acuerde el sistema e informar al Comité Coordinador.
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