Toluca/Estado de México
Alrededor de 10 mil empleos del sector automotriz en el Estado de México estarían en riesgo ante la posibilidad de que más de 120 agencias de venta de vehículos cierren por las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que advierte dificultades para sostener las operaciones de los establecimientos con las nuevas disposiciones fiscales.
Nuevas disposiciones fiscales ponen en riesgo la operación de agencias
Gustavo Guadarrama, director de AMDA Estado de México, señaló que la preocupación surge porque las agencias podrán descontar de sus ingresos un máximo de 96.6% de sus gastos para efectos fiscales, pese a que sus ganancias generalmente representan entre 1% y 3% de sus ventas, situación que, según explicó, podría obligarlas a pagar impuestos superiores a los que corresponderían a sus utilidades.
El representante empresarial indicó que las distribuidoras obtienen sus ingresos principalmente por la comercialización de unidades, una actividad que requiere inversiones elevadas y deja márgenes de ganancia reducidos, por lo que la organización considera que la reforma no toma en cuenta las condiciones de operación de estos negocios.
“Esto haría inviable la operación de muchas agencias porque no alcanzan a tener utilidades arriba del 4%, es un negocio que se maneja más por volumen que por utilidad, es el mismo caso que pasa con las gasolineras, en donde ya se hizo una excepción al decreto”.
AMDA advierte posible afectación a mil agencias y 70 mil empleos en México
A nivel nacional la AMDA estima que hasta 30% de las agencias distribuidoras podrían enfrentar problemas para continuar sus operaciones, con un posible impacto de mil establecimientos y 70 mil empleos en todo el país, aunque se trata de una proyección del organismo empresarial y no de cierres que ya se hayan concretado.
Distribuidores automotrices buscarán facilidades fiscales
Ante este escenario, el líder estatal de la organización informó que buscarán una modificación mediante decreto para que las distribuidoras reciban facilidades fiscales semejantes a las otorgadas a otros sectores, pues reconoció que el propósito de las restricciones es combatir la evasión de impuestos, pero sostuvo que las agencias cuentan con mecanismos de control sobre sus operaciones comerciales.
“Nosotros entendemos la preocupación de las autoridades fiscales por el tema de los famosos factureros y todos estos fenómenos que se están atacando de manera directa, pero en el caso de las agencias automotrices no aplica porque prácticamente el 95% de sus gastos, de sus erogaciones, van directo a una marca, van directo a la compra de los vehículos”.
Posibles cierres también afectarían la recaudación estatal
El dirigente agregó que las consecuencias podrían extenderse a la recaudación estatal, debido a que la venta de automóviles genera ingresos por trámites vehiculares y otras contribuciones, por lo que consideró necesario revisar las condiciones fiscales antes de que se presenten afectaciones en las empresas y sus trabajadores.
Por ahora, la AMDA indica que solicitará la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Congreso de la Unión para revisar el tratamiento fiscal de las distribuidoras, con el propósito de evitar que las nuevas disposiciones comprometan la continuidad de las agencias a nivel nacional.
Datos
1. ¿Por qué podrían cerrar más de 120 agencias automotrices en Edoméx?
Porque, según la AMDA, las modificaciones fiscales limitarían los gastos que pueden descontar de sus ingresos, lo que podría elevar su carga tributaria por encima de sus márgenes de ganancia.
2. ¿Cuántos empleos podrían perderse por el cierre de agencias automotrices?
La AMDA estima que estarían en riesgo alrededor de 10 mil empleos en el Estado de México y hasta 70 mil a nivel nacional. Se trata de proyecciones, no de despidos confirmados.
3. ¿Cómo podría afectar a los ciudadanos el cierre de agencias de vehículos?
Además de la posible pérdida de empleos, podrían reducirse los establecimientos disponibles para comprar vehículos y disminuir los ingresos públicos derivados de trámites y contribuciones relacionados con su comercialización.
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