Estado de México
El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca, concedió un amparo a favor del síndico y cuatro regidores electos del ayuntamiento de Valle de Bravo, quienes fueron destituidos de sus cargos por instrucción de la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce el 28 de junio de 2024.
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Los servidores públicos amparados son Pastor Nava Montoro, síndico municipal; María Magdalena Rodríguez Benítez, primera regidora; Edgar Lezama Bernal, segundo regidor; Adrián Carlos Benítez García, sexto regidor; y Alejandro Reyes Jaramillo, séptimo regidor.
Los cinco funcionarios fueron cesados de manera anticipada, sustituidos por sus suplentes, dados de baja de la nómina y se les restringió el acceso a sus oficinas desde el 22 de mayo de 2025.
En el juicio de amparo 143/2025, el juez determinó que la presidenta municipal en ese entonces y ahora reelecta para el periodo 2025-2027 carece de competencia legal para suspender el pago de percepciones a los integrantes del cabildo, ordenando dejar sin efecto el oficio mediante el cual se dio esta instrucción.
Como medida reparatoria, el tribunal ordenó restituir los montos dejados de percibir por los ediles destituidos y, además, debido a que la presidenta municipal y el secretario del Ayuntamiento de Valle de Bravo omitieron responder adecuadamente solicitudes presentadas por los quejosos, el juez ordenó que se emitan contestaciones congruentes y dentro del marco legal.
Los ediles destituidos explicaron que el origen del juicio fue su separación del cargo por decisión directa de la presidenta Michelle Núñez, quien además ordenó la suspensión de pagos a través de la tesorería y activó el nombramiento de suplentes sin intervención del Congreso del Estado de México, única autoridad facultada para destituir a miembros del cabildo electos por voto popular.
También informaron que está pendiente la resolución de un incidente sobre presunta falsificación de firmas en documentos oficiales utilizados para contestar la demanda, lo cual podría derivar en responsabilidades penales si se acredita la comisión de estos actos.
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