Ocoyoacac/Estado de México
Santiago Pérez Alvarado, representante de los Bienes Comunales de San Juan Coapanoayan y San Jerónimo Acazulco en el municipio de Ocoyoacac informó que el juez quinto en materia de amparo y juicios federales falló a favor del amparo 1111/2018 para el retiro de la fuerza pública de la región.
Lo anterior, luego de que en el mes de mayo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que reanudarían la obra en el kilómetro 41 de la carretera México-Toluca, en donde disputan una franja de tierra con los comuneros.
Fue entonces que desplegaron seguridad federal para resguardar a los trabajadores y las obras, así como la maquinaria.
Explicó que de esta forma el ordenamiento es el retiro inmediato de la fuerza pública que fue desplegada a la altura del kilómetro 41 de la carretera México - Toluca para el resguardo de la obra del Tren Interurbano.
Expuso que de esta forma, los policías federales y estatales ahí desplegados deben dejar este territorio, pues la corporación los ha intimidado, generando temor por lo que los ejidatarios dejaron de asistir a sus tierras por miedo a ser detenidos de forma arbitraria o a que los golpeen.
“Pero hoy, hacemos público para que la fuerza pública y los golpeadores desplegados en la zona se retiren de este sitio en tanto no se resuelvan dos puntos fundamentales: pago justo a las tierras ocupadas de más y un plan integral sustentable para mitigar los daños generados por la obra”.
Agregó que el juez concedió la suspensión de plano y los elementos no deben estar en ningún punto donde se desarrolla la obra.
Aunado a ello, llamó de nueva cuenta a una mesa de diálogo para acordar el replanteamiento del proyecto, porque no puede ser un puente que conecte a la gente que va a hacia Santa Fe, sin pensar en el resto de las comunidades.
Asimismo, opinó que la gente de los Bienes Comunales mencionados, además de otras comunidades de la Ciudad de México y la entidad, por donde atraviesa el tren, deben ser beneficiarios de las utilidades del mismo, tal como las empresas desarrolladoras del proyecto, porque ocupan tierras ejidales.
“Hemos señalado que deben haber modificaciones por los daños colaterales provocados. Debemos Ver que tanto es beneficio para la población”.
