Estados Unidos
Un tribunal civil del estado de Florida sentenció al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar un total de 2 mil 488 millones de dólares por su implicación en un esquema de contratación ilegal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
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La jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, emitió el fallo luego de que ninguno de los acusados se presentara a defenderse ni enviara representación legal.
García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 626 dólares, mientras que Pereyra enfrentará una sanción de mil 740 millones 540 mil dólares. La sentencia responde a la demanda civil interpuesta por el gobierno de México en septiembre de 2021, con el objetivo de resarcir el daño ocasionado al erario nacional.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, bajo la dirección de García Luna se benefició de forma ilegal a un conglomerado empresarial, relacionado con la familia Weinberg, con 30 contratos otorgados por dependencias de seguridad pública mexicanas. Estos convenios permitieron la extracción de más de 634 millones de dólares en recursos públicos, los cuales fueron transferidos al extranjero mediante paraísos fiscales y utilizados para la adquisición de bienes y activos en Florida.
El proceso reveló que los sobornos se canalizaban a través de empresas, algunas de origen israelí, y los fondos terminaban en cuentas bancarias en Miami. Esta red operó durante los años en los que García Luna, apodado el "súper policía", encabezaba la estrategia contra el narcotráfico del gobierno federal.
Este procedimiento civil es independiente al juicio penal que enfrenta García Luna en Nueva York. En febrero de 2023, fue declarado culpable de cinco delitos, entre ellos tráfico de cocaína, participación en una empresa criminal vinculada al Cártel de Sinaloa y falso testimonio. Fue condenado a 38 años y ocho meses de prisión, con una multa adicional de 2 millones de dólares. Su liberación está prevista para agosto de 2052, según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.
A la par de esta sentencia civil, el gobierno mexicano solicitó recientemente su extradición para que enfrente cargos similares en territorio nacional.
