No podemos afirmar con certeza que ha existido, desde el fin de la Revolución Mexicana, un gobierno dedicado a combatir la desigualdad y la pobreza con decisión. En el mejor de los casos podemos proclamar el interés de ciertas administraciones por multiplicar el asistencialismo, sin que esto signifique una mejora en la calidad de vida de las mayorías rezagadas. La mayor deuda del Estado mexicano es con sus pobres y marginados, al no haber sido capaz de construirles un entorno de oportunidades educativas y laborales suficientes, por falta de voluntad y capacidad. Como sociedad, estamos obligados a ser empáticos y solidarios para comprender las injusticias padecidas por millones de compatriotas, a quienes se les ha privado de una mejor vía por gobiernos irresponsables, que no reconocen en un sistema educativo de calidad y oportunidades de trabajo dignas, la vía hacia el desarrollo de todos los mexicanos en dignidad.
Nos hemos acostumbrado por décadas, a gobiernos locales, estatales y federales, que generan programas asistencialistas en respuesta a los millones de pobres del país. Y aunque dichos apoyos son de gran utilidad para acompañar las verdaderas soluciones, son utilizados como medida única, bajo el ilógico precepto de un combate a la desigualdad social mediante paliativos incapaces de generar un mayor bienestar. Habiendo tantas administraciones recargadas exclusivamente en medidas de este tipo, sin reducciones sustanciales en los principales índices y mediciones, se fortalece la idea de un lucro político de la pobreza al tejer programas asistencialistas con el fin de formar redes de clientes para lucrar en tiempos electorales. Es inadmisible, y como sociedad no podemos seguir tolerando, la existencia de gobernantes capaces de mantener a millones en la pobreza con tal de formar y fortalecer un ejército para las elecciones.
Se hace uso de programas asistencialistas y entregas de apoyos para buscar exclusivamente la victoria en las urnas, no para reducir el número de mexicanos en profunda marginación. Por esta razón, desde la ciudadanía debemos presionar para un cambio de medidas y una búsqueda real de fortalecimiento institucional para exponenciar el desarrollo económico. México debe tener como única prioridad la exterminación de la desigualdad y para eso necesitamos instituciones estables que atraigan inversión, generen empleos y permitan a la gente salir adelante sin depender del gobierno. México debe trabajar incansablemente por alcanzar la igualdad, no por utopía, por justicia.
Apostemos a fortalecer el Estado de derecho, garantizando certezas institucionales para atraer más capital, detonando nuestro potencial económico para generar más trabajo y mayor recaudación, invirtiendo mucho más en educación, salud y programas sociales que sean utilizados únicamente para acompañar al crecimiento económico, ni como solución ni como mezquina práctica electorera.
Es el momento de volcarnos como sociedad para lograr una lucha por erradicar la pobreza con empleo, no con asistencialismo. Participemos como ciudadanía para exigir estos cambios y comprendamos que no habrá disminución en la desigualdad si los gobiernos únicamente multiplican los programas sociales. El gobierno esta obligado a buscar que la población deje de depender de los paliativos ofrecidos por las instituciones para depender exclusivamente de trabajos bien pagados, garantizados desde el Estado.
