Toda política pública, pero en especial la política social, requiere ser evaluada, no se trata de medir cuántos apoyos económicos y de cuántos pesos se han otorgado, sino de los efectos que éstos tengan en los objetivos planteados, ninguno de los programas sociales de la actual administración cumple con ese requerimiento mínimo, no sabemos con certeza si Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vidas, por dar ejemplos cumplen con el supuesto objetivo planteado, lo único que sabemos es cuántos beneficiarios y de cuánto les ha tocado, convirtiéndolos en el mejor de los casos, en acciones ciegas o en el peor, en clientelismo puro.
La pandemia por el Covid ha sido una tragedia mundial, un fenómeno que ha permitido medir las capacidades institucionales de todos los países, al ser un problema que se comparte en aparente igualdad de condiciones México ha sido ejemplo del pésimo manejo de recursos públicos para atender la parte económica de la enfermedad, a 21 meses del inicio de la pandemia e intermitentes suspensiones laborales, seguimos sin una estrategia que rescate a los millones de desempleados formales e informales, provocando un aumento en los índices de carencia.
No han logrado los requerimientos más básicos respecto de la salud pública; hoy la brecha entre quienes pueden acceder a servicios de salud y quienes no es inmensa: 15 millones de mexicanas y mexicanos carecen de un doctor, de atención de emergencias, de tratamientos y medicinas que salvan vidas. Ese dolor es transferible a los responsables del fracaso del INSABI, las ocurrencias y descoordinación que pusieron fin al Seguro Popular representan millones de vidas truncadas.
La promesa de un México sin corrupción es el anhelo de todos, ser omisos, inexpertos o temerarios con nuestros impuestos, también es corrupción, tal es el caso de las vergonzosas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al programa Adultos Mayores, que identificó deficiencias de control en la supervisión del pago por un monto de 992 millones 680 mil 415 pesos, inconsistencias que incluyen beneficiarios que fueron registrados sin que conste su clave CURP, pagos duplicados y personas con actas de defunción, eso sin mencionar los terribles retrasos en la dispersión de los recursos que deja vulnerables a millones de personas.
La transparencia y rendición de cuentas, además de ser un derecho humano, es la única herramienta comprobada para limitar y combatir la corrupción y el gasto inadecuado del erario público.
Para lograr los recursos públicos necesarios para una justa distribución de la riqueza, México debe ser un país donde la innovación y el emprendimiento encuentren tierra fértil, asfixiar a la base contribuyente o concentrarse exclusivamente en gravar a las grandes empresas conducirá a la insostenibilidad de cualquier política social; En el último Índice de Libertad Económica 2021 emitido por la fundación Heritage y el Wall Street Journal, México descendió al penoso lugar 65, último lugar en nuestro continente y penúltimo para los miembros de la OCDE, eso significa que la prosperidad de nuestra nación se encuentra en pausa, mientras que el resto de las naciones avanzan de forma consistente.
En síntesis, los programas sociales deben tener el propósito de abatir y combatir la desigualdad, con los mayores controles posibles de transparencia. La pobreza hay que aliviarla, resolverla, combatirla, NO administrarla y menos comercializarla…
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