Los accidentes viales en México no sólo se tratan de cifras; se han convertido en una tragedia cotidiana. Cada día se registran cientos de percances vehiculares en el país y decenas en el Estado de México, muchos prevenibles. En la mayoría hay una combinación de imprudencia, omisión y autoridades permisivas.
Las principales causas son de todas y todos conocidas: exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, uso del celular al volante, invasión de carril y fatiga, especialmente en el transporte de carga. A ello se suman vehículos en mal estado y carreteras con mala señalización o falta de mantenimiento. Sin embargo, también lo sabemos: la principal causa es que no se respetan los límites de velocidad en ninguna vía. Las normas ahí están, pero su cumplimiento es irregular y en muchas ocasiones inexistente.
Vigilancia débil o nula para cumplir
En las carreteras federales, bajo responsabilidad de la Guardia Nacional, los accidentes de tráileres son noticia recurrente. Unidades sobrecargadas, operadores que manejan jornadas pesadas y supervisión insuficiente generan un escenario de alto riesgo. Cada choque múltiple, cada volcadura, cada cierre por incendio de carga pesada no solo paraliza vías estratégicas; también evidencia fallas en la vigilancia y en la aplicación estricta de la ley. En carreteras de Europa hay paraderos especiales para descanso, que es obligatorio después de determinadas horas de manejo, con dormitorios y baños con regaderas. Todo digno.
En las carreteras estatales mexiquenses, donde la vigilancia corresponde al tránsito de la Secretaría de Seguridad, el panorama no es distinto. El exceso de velocidad se tolera hasta que ocurre la tragedia. Los operativos suelen ser reactivos y no preventivos. Se instalan retenes después del accidente fatal que ya se mediatizó, pero no existe una política de control permanente que inhiba el riesgo en las vialidades.
En los municipios la situación se agrava. Policías locales rebasados, mal capacitados o simplemente indiferentes permiten que motociclistas circulen sin casco, que conductores no respeten los semáforos y que el transporte público opere de manera irregular. La falta de cultura vial no es exclusiva de los ciudadanos; también es responsabilidad de las autoridades que no previenen.
La corrupción y la impunidad
Hay algo que no podemos dejar de lado: la corrupción. A muchos ciudadanos se les hace fácil ofrecer dinero para evitar una multa. Y a muchos elementos les resulta sencillo aceptar. Otros piden y les dan. Parece algo menor, pero es algo que no acaba con la impunidad. Cuando la ley se negocia en la calle, sale barato aparentemente, pero en realidad es lo más caro para la sociedad.
Disminuir el número de accidentes viales no representa sólo hacer una campaña, sino que las autoridades apliquen la norma. Se trata de vigilancia constante, sanciones sin excepción y educación vial de autoridades y conductores. Mientras el respeto a la ley dependa del criterio discrecional o del arreglo en lo oscurito, las tragedias continuarán. La seguridad vial es responsabilidad compartida, pero la autoridad está obligada a hacer cumplir la norma sin concesiones de ninguna naturaleza. Ojalá veamos vigilancia en las vías y que se obligue a la gente a respetar las normas.
