En el Estado de México hay una realidad que sufren millones de personas cada día, y es que las tarifas del transporte público, en muchos casos, las fijan los propios operadores. No sólo choferes de autobuses urbanos (que tienen un costo de pasaje establecido), combis, taxis colectivos, mototaxis o bicitaxis. De acuerdo con la zona, el precio cambia según el horario, la distancia, la demanda o, simplemente, la decisión de los operadores. El usuario paga porque no tiene otra opción y porque es claro que las autoridades no han encontrado la forma de controlar.
El tema es que esto es más que el costo del pasaje. Es una cuestión de falta de orden. La Secretaría de Movilidad es la dependencia responsable de regular el transporte, otorgar concesiones, supervisar la operación y revisar el cumplimiento de la normatividad. Así lo establece la ley.
Las y los presidentes municipales poco pueden hacer para regular el precio del pasaje. No tienen la facultad para autorizar incrementos ni para fijar precios. El margen de su actuación va más con el orden vial, el establecimiento de las bases (que en muchas ocasiones se les sale de control), el uso de la vía pública y el caos que generan algunas rutas al disputar pasaje o instalar sitios improvisados. Las tarifas las establece el gobierno estatal.
Pero es claro que no podemos pedir peras al olmo. No se puede pasar por alto el tamaño del territorio estatal. El Estado de México tiene uno de los sistemas de transporte concesionado más grandes del país. Se estima que operan alrededor de 170 mil unidades concesionadas, entre autobuses, microbuses, combis y taxis (muchos en la ilegalidad), además de miles de mototaxis y bicitaxis cuya operación, en varios municipios, no está regulada, pero de plano son irregulares.
Los casos de mototaxis y bicitaxis ilustran el gran rezago que hay en materia de movilidad. Si bien la gobernadora ha inaugurado líneas de transporte masivo y hay preocupación por ello, durante años han crecido como una respuesta a la falta de cobertura del transporte convencional en zonas de difícil acceso o comunidades rurales a donde no llegan los autobuses urbanos, pero también al margen de reglas claras. El propio Congreso mexiquense ha debatido reformas para crear un marco legal específico que permita regular este servicio y definir responsabilidades entre la Secretaría de Movilidad y los municipios.
Pero para dar solución tampoco se trata de aceptar las condiciones de organizaciones de transportistas que, bajo presión, crecen sin respeto a las normas. Eso genera desigualdad entre usuarios y conflictos permanentes con quienes respetan las reglas. Las tarifas deben ser públicas, visibles, autorizadas y sujetas a supervisión continua. La Secretaría de Movilidad tiene publicadas las tarifas autorizadas para el transporte estatal, pero a veces de poco o de nada sirve.
La movilidad es de los grandes problemas que enfrenta el Estado de México. Juan Hugo de la Rosa tiene en sus manos una de las acciones más complejas para resolver. Urge atender el tema tarifario, aparte de considerar la modernización y la seguridad en el transporte. Es por el bien de los mexiquenses, que son objeto de abusos un día sí y el otro también.
