Hay decisiones de gobierno que se anuncian con el lenguaje del progreso, la inversión y la generación de empleos, pero que obligan a formular una pregunta incómoda: ¿progreso para quién y a costa de qué?
En el Golfo de California, esa pregunta adquiere una dimensión que va mucho más allá de una disputa entre ambientalistas y empresas energéticas. Lo que está en juego es el futuro de un ecosistema de enorme importancia, el sustento de comunidades pesqueras y la obligación de las autoridades de garantizar que el desarrollo económico no se construya sobre la vulneración de los derechos humanos ni sobre la destrucción del patrimonio natural.
El Proyecto Saguaro, impulsado por México Pacific Limited, plantea una infraestructura para transportar gas natural desde Estados Unidos hasta Sonora, donde se pretende desarrollar una terminal de exportación de gas natural licuado. El proyecto se denomina AMIGO LNG.
La propia empresa señala una capacidad proyectada de 15 millones de toneladas anuales. El proyecto también contempla el gasoducto Sierra Madre, asociado a la instalación.
El gas que se pretende exportar tiene como destino los mercados asiáticos. La empresa sostiene que su proyecto contribuye a la seguridad energética y a la transición desde el carbón hacia el gas. Esa es su posición empresarial. Sin embargo, corresponde a las autoridades y a la sociedad examinar los costos ambientales, climáticos y sociales que implica toda la cadena de suministro, desde la extracción hasta el transporte y la exportación.
Hay algo profundamente desigual en esta discusión: las empresas cuentan con abogados, especialistas, capital y capacidad de gestión. Las comunidades y los ecosistemas, en cambio, enfrentan las consecuencias de decisiones que pueden transformar sus territorios y espacios de vida.
El Golfo de California alberga una extraordinaria diversidad de especies marinas. La Semarnat ha destacado su importancia como hábitat de mamíferos marinos. Las organizaciones ambientalistas han advertido sobre los riesgos que el tránsito de grandes buques metaneros puede representar para las ballenas, particularmente por las colisiones y la contaminación acústica.
No se trata de afirmar que cada impacto anunciado por las organizaciones ya se haya materializado ni de sustituir la evaluación científica por consignas. Se trata de exigir que los riesgos potenciales sean examinados con rigor, transparencia y una perspectiva de prevención.
¿Qué sucedería si la operación de las terminales y el tránsito de buques den 300 metros de largo alteraran zonas de alimentación, reproducción o desplazamiento de especies marinas? ¿Qué mecanismos de protección se aplicarían? ¿Quién asumiría la responsabilidad ante un daño grave?
Las respuestas no pueden llegar después de una tragedia.
¿Qué hay al día de hoy sobre los permisos?
Existen reportes periodísticos y declaraciones empresariales que señalan la obtención de autorizaciones tanto en Estados Unidos como en México. La compañía que impulsa el proyecto ha afirmado contar con permisos relevantes para avanzar, mientras que información publicada en 2026 refiere la obtención de autorizaciones consideradas críticas.
Sin embargo, es necesario distinguir entre los permisos energéticos, marítimos y ambientales, pues no todos representan necesariamente la autorización integral para construir y operar la terminal.
En el caso de Saguaro, no se logró confirmar documentalmente el estado actualizado de la totalidad de sus permisos, por lo que no sería responsable afirmar que cuenta con todas las autorizaciones sin revisar los expedientes oficiales.
Por su parte, el Gobierno de México ha mostrado públicamente interés en el desarrollo de infraestructura de gas natural licuado, incluida AMIGO LNG, mencionada en la presentación de la ampliación del puerto de Guaymas en febrero de 2026. También se difundieron declaraciones sobre la posible emisión de permisos para el proyecto.
Ante este escenario, la Secretaría de Energía, la Semarnat y la ASEA deben explicar con claridad qué autorizaciones se han otorgado, bajo qué condiciones y qué medidas se aplicarán para proteger el Golfo de California, sus especies y las comunidades pesqueras.
La inversión y el desarrollo energético no deben sustituir la transparencia, la evaluación ambiental rigurosa ni la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
