Para poder hacer un análisis más claro, hay que distinguir dos cifras que suelen confundirse: • Personas sin acceso a servicios de salud: quienes, según la medición de pobreza del INEGI y el CONEVAL, no tienen acceso efectivo a una institución o servicio de salud conforme a los criterios utilizados. • Personas sin seguridad social: quienes no cuentan con acceso a prestaciones de seguridad social, como pensiones o determinadas prestaciones laborales. Esta categoría es más amplia y no equivale exactamente a carecer de atención médica.
Los datos oficiales más recientes corresponden a 2024, publicados por el INEGI en agosto de 2025 y son:
*Fuente: INEGI, medición multidimensional de la pobreza 2024, con metodología de CONEVAL. ** Fuente: CONEVAL para 2018 y el indicador de INEGI para 2024.
La diferencia es importante: la carencia de acceso a servicios de salud aumentó considerablemente entre 2018 y 2024; en cambio, la carencia de seguridad social se redujo durante ese periodo.
Esto no significa que todas las personas contabilizadas sin acceso a servicios de salud estuvieran completamente desatendidas: el indicador mide su afiliación, inscripción o derecho a recibir atención conforme a la metodología oficial, no la calidad de los servicios ni si recibieron o no atención médica en cada ocasión.
Adicionalmente, entre 2018 y 2024 aumentó el gasto de bolsillo de los hogares mexicanos en salud, incluso después de descontar la inflación, es decir, las familias tuvieron que destinar más dinero propio a consultas, medicamentos y otros servicios.
Esto significa que, en promedio, los hogares destinaron más dinero de su propio presupuesto a la salud en 2024 que en 2018, una vez ajustados los valores por inflación. Los números por sí solos no significan que cada familia haya perdido acceso a la salud; esto puede variar por el tipo de enfermedad, los precios, la utilización de servicios privados y otros factores. Pero sí es un indicador importante de la carga económica que soportan los hogares.
Pero ¿cómo se puede resumir históricamente esto?
Hasta antes de 2018, la población sin seguridad social contaba con el Seguro Popular, que estaba dirigido principalmente a personas sin seguridad social. No funcionaba como una red propia de hospitales, sino que financiaba la cobertura de sus afiliados mediante instituciones y servicios existentes.
De 2020 a 2023, en teoría, el INSABI sustituyó al Seguro Popular, modificando el esquema de financiamiento y atención. En 2023 se reformó la Ley General de Salud para trasladar sus funciones al nuevo modelo IMSS-Bienestar.
Y en 2022 se creó un organismo público para brindar atención médica y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social en los estados que se incorporaron al modelo.
En agosto de 2024, el IMSS reportó que el sistema podía atender a una población potencial de 53.2 millones de personas en 23 estados; sin embargo, decir que podía atenderlos no significa que estos hayan sido atendidos, recibido consultas, medicamentos o tratamientos.
Es necesario distinguir entre población potencialmente cubierta, personas registradas y personas efectivamente atendidas. Repito, las personas sin acceso a sistemas de salud pasaron de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones, 24.4 millones de personas más, sin acceso a servicios de salud, en 2024.
Por su parte, el CONEVAL identificó para los mismos periodos problemas estructurales del sistema de salud, entre ellos: • La fragmentación entre instituciones. • La inversión insuficiente y la distribución desigual de recursos. • Las diferencias en calidad y disponibilidad de servicios. • El gasto que las familias deben cubrir directamente.
Y reportó también en su evaluación de 2023-2024 que el gasto de bolsillo de los mexicanos en salud representaba el 42.1% (similar al 45.4% que reportó el INEGI para 2024) del gasto corriente total, el doble del 20% recomendado por la Organización Panamericana de la Salud. Lo peor es que un sistema puede ofrecer cobertura formal y, aun así, las familias tener que pagar medicamentos, consultas privadas, estudios o tratamientos.
Otro dato relevante es que, mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) plantea como meta que los países destinen al menos el 6% del PIB al gasto público en salud, esto como punto de referencia para avanzar hacia la cobertura universal, no una garantía automática de que los servicios funcionen bien, en México, sexenio tras sexenio, los gobiernos nos han quedado a deber. Enlisto al menos 3 sexenios completos y la fracción que tenemos reportada del actual.
Y, particularmente para el sexenio pasado y hasta 2024, las cifras no han mejorado.
Adicionalmente a que el porcentaje sugerido no se cumple, todavía existe el subejercicio:
- En 2018, el gasto ejercido superó ligeramente el presupuesto aprobado.
- En 2023, el gasto ejercido en la función salud fue 6.6% inferior al presupuesto aprobado.
- En 2024, se ejerció aproximadamente el 97.2% del presupuesto aprobado para la función salud.
Con todo lo anterior en mente, podemos concluir que, al cierre de la administración federal del 2018 al 2024, existían indicadores preocupantes de acceso a los servicios de salud y de carga económica para los hogares.
¿Será por ello que, a lo largo y ancho del país, se están manifestando los médicos, las enfermeras y los trabajadores administrativos del sector salud? ¿Será que no se invierte en pagar al personal médico, en infraestructura y otros factores? ¿Será que no le han pagado a los proveedores? ¿O todo será un montaje?
