Casi todos los días nos encontramos con el derecho sin darnos cuenta. Ocurre cuando una persona exige el pago justo por su jornada laboral, cuando una madre busca que su hija o hijo reciba la pensión que por ley le corresponde, cuando una persona adulta mayor realiza trámites para acceder a su seguridad social, o cuando alguien alza la voz frente a un acto discriminatorio en un espacio público. El derecho no habita únicamente en los libros jurídicos, en las leyes ni en los pasillos de un juzgado; forma parte del entramado diario de nuestra vida en comunidad.
Sin embargo, durante mucho tiempo existió una barrera invisible entre las instituciones judiciales y la ciudadanía. Las resoluciones redactadas en un lenguaje técnico inaccesible y la distancia propia de las estructuras tradicionales alimentaron la idea de que la justicia es una materia ajena, reservada solo para abogadas y abogados, solo para aquellos que entendían el lenguaje jurídico. Hoy nos encontramos ante la oportunidad histórica —y la responsabilidad ética— de transformar esa percepción.
Nuestra Constitución reconoce en su artículo 1.º que la dignidad humana es el núcleo rector de todos los derechos, y mandata a todas las autoridades del Estado mexicano a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Asimismo, el artículo 17 constitucional consagra el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial. Pero este derecho va más allá de abrir la puerta de un tribunal cuando un conflicto ya ha estallado. Acceder a la justicia significa también contar con la información necesaria para comprender cuáles son nuestros derechos, identificar cuándo están siendo vulnerados y saber a dónde acudir para defenderlos.
Como personas juzgadoras electas por el voto popular, nuestro compromiso primordial sigue siendo emitir sentencias apegadas a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales, con estricta imparcialidad e independencia. No obstante, la legitimidad y la confianza social no devienen de manera automática de un proceso de elección ni del simple ejercicio del cargo: se construyen día a día con transparencia, rendición de cuentas y una comunicación clara. Por ello, la elección ciudadana nos exige no solo ser imparciales en los tribunales, sino abiertos y accesibles ante la comunidad a la que servimos.
Es necesario precisar que acercar la justicia a la sociedad no significa adelantar el sentido de nuestros fallos ni comprometer la neutralidad sobre los casos que debemos resolver ni mucho menos la independencia judicial. Tampoco equivale a sustituir las vías de defensa jurídica. Acercar la justicia significa salir del aislamiento institucional para dialogar con las personas. Implica participar en jornadas comunitarias, conferencias, talleres y actividades culturales para explicar, en un lenguaje sencillo y transparente, cómo funcionan las instituciones de protección a los derechos humanos y cuáles son sus límites.
La reforma al Poder Judicial no debe verse como un logro concluido ni como una fórmula mágica que resuelva por sí sola los retos de la impartición de justicia. Representa, más bien, un marco de oportunidad que requiere ser materializado a través de acciones constantes. Los verdaderos beneficios de este cambio institucional solo se consolidarán si logramos que la función judicial rinda cuentas, se explique mejor y sirva de puente para afianzar una cultura cívica de legalidad y derechos.
Cuando acudimos a encuentros con comunidades rurales, colectivos de mujeres, jóvenes, personas trabajadoras o grupos históricamente excluidos, el objetivo no es impartir una cátedra jurídica, sino escuchar. Una persona juzgadora que conoce las preocupaciones reales de la sociedad es capaz de dimensionar la importancia del impacto social que tiene su labor.
De acuerdo con el espíritu de transparencia y acceso a la información que orienta al artículo 6.º constitucional, la ciudadanía tiene el derecho de entender qué hacen las autoridades encargadas de impartir justicia. Una sociedad que conoce sus herramientas legales se encuentra en mejor posición para prevenir abusos, exigir el cumplimiento de la ley a cualquier autoridad y defender su dignidad con firmeza.
Esta sección se escribe precisamente con esa vocación, ser un punto de encuentro entre la ciudadanía y la cultura jurídica. Pretende ser un canal abierto donde los conceptos del derecho se traduzcan en conocimiento útil para la cotidianidad. Asumimos este esfuerzo divulgativo con la convicción de que la impartición de justicia y la cultura jurídica de los derechos no se oponen, sino que se complementan.
Las leyes adquieren su verdadera fuerza no solo cuando se aplican en las sentencias de un tribunal, sino cuando las personas las conocen, las hacen suyas y confían en que cuentan con instituciones comprometidas a garantizarlas en todo momento.
En colaboración con Ivette Flores Noguez
