Toluca/Estado de México
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), lamentó que la presunción de inocencia ha quedado de lado y la nueva forma de hacer investigación en el país es suponiendo que "todos somos delincuentes".
Este supuesto, dijo, es en el que se basan las disposiciones para el uso de plataformas digitales bancarias que ahora requieren esquemas de geolocalización en tiempo real y la propuesta de creación de un registro de usuarios de telefonía móvil que incluya datos biométricos de cada persona.
La violación del derecho a la privacidad y la intimidad de las personas se ha vuelto uno de los nuevos ejes del gobierno federal, bajo el argumento del combate a delitos como el lavado de dinero, la extorsión y el secuestro.
“Como parte de los supuestos de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo del país, se está haciendo acopio de datos sumamente sensibles, la geolocalización ofrece datos como las Direcciones IP, el teléfono móvil, la identificación de radiofrecuencia e incluso da acceso a las etiquetas en fotografías y mensajes en redes sociales como Facebook y Twitter”.
Indicó que estas medidas, que además son obligatorias para los bancos y los usuarios de la banca en línea, pueden ser usadas a discreción por la autoridad ya que no se requiere ninguna autorización judicial para que los las Instituciones Financieras estén obligados a proporcionarla, lo cual deja en total estado de indefensión a los usuarios.
Recordó que en México se han hecho esfuerzos anteriores por hacer registro de usuarios de telefonía móvil, pero la experiencia ha evidenciado la falta de control que se tiene de esta información, por lo que esta medida resulta desproporcionada, innecesaria y riesgosa.
“Hemos visto la venta de padrones completos de usuarios, compradores y hasta electores en línea y en el mercado negro; todos hemos sido víctimas de empresas que venden nuestros datos y recibimos llamadas constantemente para vendernos cosas y ofrecernos promociones, imaginemos por un momento el riesgo que significa que alguien tenga nuestros datos biométricos o nuestra ubicación exacta en tiempo real”.
Agregó que, si bien deben buscarse estrategias de inteligencia que incidan en la seguridad de la población, los niveles de recaudación y el respeto al marco de la legalidad, nunca será una opción pasar por encima de los derechos de los ciudadanos para conseguir dichos objetivos, pues este es un país donde hasta hoy se había respetado la privacidad y los derechos humanos de los ciudadanos.
De manera que el sector privado prevé la solicitud de amparos en lo individual, así como de manera masiva, con el fin de frenar este tipo de medidas que ponen en riesgo a las empresas, a los ciudadanos e incluso podrían desencadenar mayores problemas de inseguridad de los que ya se enfrentan.
