Toluca
En el Estado de México la violencia contra las mujeres es mucho más grave de lo que reconocen las cifras oficiales. El creciente número de casos y la cada vez mayor crueldad con la que se cometen los ataques revela la impunidad que permite a los causantes de esos crímenes seguir actuando sin que nada los frene o los intimide. Con base en estadísticas del Observatorio Nacional del Feminicidio, es el Estado de México la entidad que ocupa el primer lugar nacional en muertes de mujeres por homicidio doloso y feminicidio.
Desapariciones, violaciones, asesinatos y todo tipo de actos violentos contra las mujeres se cometen todos los días en la entidad sin que las instituciones especializadas, los organismos y autoridades de todos los niveles logren detenerlas. Las víctimas y sus familia señalan indiferencia, desinterés e incluso tolerancia de la autoridad.
Si bien se reconoce que durante 2015 y 2016 una cantidad aproximada de 2 millones de mujeres fueron sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual, desde señalamientos obscenos, que las persiguieran por la calle para intimidarlas sexualmente, recibieron propuestas de tipo sexual o bien directamente las manosearon sin su consentimiento e incluso las violaron, según reveló la última encuesta del INEGI publicada en 2017, la percepción de las organizaciones ciudadanas es más crítica.
De ahí que las cifras sobre ataques, feminicidios u homicidios de mujeres sean dispares entre lo reportado por la Fiscalía General de Justicia de la entidad y el conteo que llevan las organizaciones civiles que representan este sector. Estas últimas consideran que se trata de una “espiral en ascenso”, no sólo sobre lesiones sino en la crueldad con que son halladas al ser víctimas.
Además, los familiares reclaman que pocas veces son informados por parte de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) sobre los avances en investigaciones relacionadas con sus familiares, y acusan a policías estatales y municipales de ser indolentes al reportar la ausencia de una mujer, sobre todo la indiferencia por parte de los Ministerios Públicos, quienes se niegan a establecer denuncias por desaparición, las Alerta Amber u Odisea, según sea el caso.
En lo que va del año, hay casos que siguen sin resolución, otros más en los que acusan a jueces del Tribunal Superior de Justicia de cometer irregularidades en los procesos. Por ejemplo, la muerte de la doctora Jessica Sevilla, desaparecida en Xonacatlán y localizada desollada en Huixquilucan dos días después; Verónica Benítez, lapidada por su esposo en julio pasado en la comunidad de El Vidrio en el municipio de Nicolás Romero, y cuya familia demanda irregularidades en el proceso penal; Maribel González Bernal, de 18 años de edad, desaparecida en Tenancingo al abordar un taxi colectivo y hallada sin ojos y desfigurada dos días después. Además o los señalamientos por parte de la familia de Fátima, una niña de 12 años asesinada en Santa María Zolotepec, Lerma, sobre los vicios en el proceso judicial que podría dejar libre a uno de los tres imputados por este feminicidio.
Cifras dispares de feminicidio y violaciones entre organizaciones y la Fiscalía
Ana Yeli Pérez, representante del Observatorio Nacional de Feminicidio, indicó que la prevención y erradicación de la violencia de género es un pendiente histórico en la entidad. Mientras que Yenifar Gómez Madrid, del Observatorio Ciudadano Mexiquense del Feminicidio, señaló como principales responsables a los ayuntamientos, además de los ministerios públicos, entre otras autoridades encargadas de atender a las mujeres agredidas.
“Nosotras tenemos un registro de 236 feminicidios tan sólo de 2016, pero la Fiscalía refiere que las cifras de homicidios dolosos de mujeres, así como feminicidios, se han “mantenido” con respecto al mismo periodo del 2015, incluso en el 2017 son todavía menores sus registros, pues aseguran que suman apenas 45 entre enero y septiembre del presente año.
Cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, citadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dicen que entre enero de 2015 y diciembre de 2016, 626 mujeres fueron asesinadas, pero solo 296 (menos de la mitad) fueron “investigados” como feminicidios, es decir, de estos casos no todos fueron determinados como homicidio de mujer por su condición de género, sólo siguieron el protocolo de investigación a partir de la perspectiva de género.
Incluso Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM, aseguró en marzo del presente año que la entidad reportaba 45 asesinatos dolosos de mujeres, 10 de ellos considerados feminicidio. En el 2016 registraron 64 feminicidios, 29 de ellos judicializados y con dos sentencias condenatorias con más de 40 años de prisión para los responsables.
Dijo que de 2011 a la fecha suman 314 carpetas por el tipo penal de feminicidio en la entidad, de las cuales 282 fueron judicializadas, es decir, que el Ministerio Público obtuvo los datos necesarios para exponer a un juez que se trata de este delito, con 85 sentencias condenatorias por más de 40 años de prisión a los responsables.
El INEGI reporta que, en 2016, la tasa bruta de homicidios de mujeres fue de 4.8 por cada 100 mil, similar a las registradas entre 2012 y 2015, en términos absolutos el año pasado se registró la séptima mayor cantidad de mujeres asesinadas en la entidad en los últimos 27 años, la cifra es de 421, que comparado con 2015 cuando fueron reportadas 406, representa un incremento bruto de 3.7 por ciento.
Del total de defunciones por homicidio de mujeres ocurridas en 2016, 43.7 por ciento de ellas corresponde a mujeres menores de 30 años, mientras que entre los hombres es de 37.5 por ciento de las mismas edades. Es decir, las mujeres jóvenes son las más expuestas a la violencia extrema, incluso que entre los hombres de esas edades.
Víctimas de feminicidio sin justicia
Familiares de las víctimas de feminicidio coinciden en que los Ministerios Públicos, policías estatales y municipales, además de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la entidad son los responsables de condenas injustas para los imputados del delito.
Alegan que dichas instituciones son los promotores de la liberación de los responsables pues en el descargo de pruebas el personal de la Fiscalía comete errores u omisiones, además de exponer el maltrato y la revictimización de mujeres abusadas sexualmente, agredidas físicamente, quienes se deciden a denunciar y también de familiares de las asesinadas, que al llegar ante los Ministerios Públicos son ignorados e incluso agredidos por los representantes de la Fiscalía.
Yenifar Gómez Madrid, del Observatorio Mexiquense del Feminicidio relató que sólo tres o cuatro de los presidentes municipales donde fue emitida la alerta de género conocen los pormenores y desempeñan acciones relacionadas con el tema; sin embargo, la mayoría “desconocen por completo qué es y cómo funciona, incluso maquillan las acciones como la instalación de luminarias o recuperación de espacios seguros, mienten sobre la capacitación de elementos policíacos o la impartición de cursos y talleres con perspectiva de género”.
Ana Yeli Pérez, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, agregó que si bien hay avances importantes en la entidad a partir de la emisión de la alerta en el 2015, la normalización de la violencia o los ataques, agresiones y lesiones en contra de las mujeres, así como la falta de prevención que corresponde a los ayuntamientos, da pie a que se incremente la cifra de asesinatos.
“Es como un engaño absurdo, como maquillar las cifras que involucran el asesinato de mujeres por formar parte de células delictivas. Es como decir, no la asesinaron por ser mujer sino delincuente, eso agrava las condiciones, es peor porque en un caso íntimo al menos se sabe quién lo hizo, en el caso de bandas criminales la autoridad se enfrenta a grupos con poder y dinero”.
Violencia y acoso en números
Con base en la última encuesta del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Marcela Orraca Corona, tan sólo en Malinalco, durante el primer semestre del 2017, se elevó en 100 por ciento la violación, además el INEGI refiere que 75 de cada 100 mujeres de 15 años y más experimentaron al menos un acto de violencia de cualquier tipo (emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral).
Los agresores son: pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien amigos, vecinos, personas conocidas y extrañas.
La información reciente revela que la violencia contra las mujeres está extendida en la entidad pues por lo menos 5 millones de ellas fueron víctimas de actos violentos y discriminatorios alguna vez a lo largo de su vida. Asimismo, 3.6 millones o el 53.3 por ciento señaló que al menos una de estas agresiones ocurrió entre octubre del 2015 y octubre del 2016.
Con base en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del 2016 hubo mil 603 violaciones, y en el mismo periodo del 2017 sumaron mil 480, es decir siete por ciento menos.
El reporte indica que 53 de cada 100 mujeres fueron víctimas de algún acto violento, principalmente de tipo emocional, sexual y discriminación en sus centros de trabajo. Las mujeres se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de cualquier otro agresor en todas las edades, particularmente entre aquellas que tenían 35 a 39 y 50 a 54 años, ya que 8 de cada 10 mujeres de esas edades han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.
Es particularmente relevante la violencia sexual que han enfrentado las mujeres jóvenes entre 18 y 29 años. En estos grupos, 6 de cada 10 ha sido agredida sexualmente. Asimismo, las niñas de 15 a 17 años presentan niveles altos de violencia sexual, emocional y física, pues a su corta edad ya han sido víctimas de abusos de diversa índole.
