Toluca/Estado de México
Las mujeres y sobre todo, quienes se dedican al hogar o son jefas de familia, son las más vulnerables a los llamados fraudes de montadeudas, de acuerdo con la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en el Estado de México (CCME), Fabiola Pérez.
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Explicó que datos obtenidos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que son víctimas de diversos tipos de violencia digital.
Destacó la importancia de hacer frente a esta situación en un contexto nacional donde cerca de 12 millones de hogares son encabezados por una mujer.
Explicó que los montadeudas son bandas organizadas que operan a través de aplicaciones como WhatsApp, Facebook o “X”, antes Twitter, con fraudes mediante los que se hacen pasar por instituciones financieras constituidas ilegalmente o inexistentes ante los registros, que han aprovechado el desconocimiento en el uso de dichas aplicaciones y confían en la oferta de préstamos, por parte de quienes aparentan ser entidades legítimas que se promocionan en redes sociales.
Lo más atractivo es que dichas empresas ficticias o ilegales ofrecen dinero a cambio de no realizar investigaciones bancarias o sin importar el buró de crédito. En México el 54% de la violencia digital dirigida a mujeres está relacionada con los montadeudas, subrayó la empresaria, y dijo que sobre todo el público cautivo son personas de entre 26 y 49 años, quienes al no pagar los intereses que les establecen las aplicaciones, son amenazadas, reciben insultos, además son víctimas de cobro de deudas ficticias y reciben advertencias de divulgación de datos personales en caso de no realizar el pago exigido.
Fabiola Pérez expresó que las consecuencias que trae consigo la deuda con alguna de esas aplicaciones prestamistas son graves, toda vez que no solo se trata de la violencia digital, sino de hacer frente al acoso.
Es así que propuso trabajar en una serie de acciones para combatir este tipo de violencia digital, como en políticas públicas de incorporación al empleo formal a las mujeres y en la promoción de actividades que promuevan la educación financiera en empresas, dirigidas principalmente a aquellas mujeres de ingresos económicos similares al salario mínimo, además de impulsar reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para combatir este tipo de prácticas.
