Coacalco
David Sánchez Isidoro anunció de “su decisión” de declinar sus intenciones de participar como candidato a presidente municipal del PRI de esta localidad y “atender de manera responsable el llamado de las autoridades”, esto luego de ser vinculado a proceso por el desacato de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) junto con su cuerpo edilicio y ex funcionarios que integraron su administración en el periodo 2012-2015.
En su lugar, se designó a Gabriel Vázquez Domínguez, quien se desempeñó en diversos cargos públicos en gobiernos encabezados por Sánchez Isidoro, el último como subdirector de Servicio Públicos.
Sánchez Isidoro, dos veces alcalde ya en esa demarcación, enfrenta el cargo de “omisión dolosa” después de desacatar un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de las Nación (SCJN) para cubrir un laudo laboral por más de 4 millones de pesos en favor de un ex empleado municipal.
En las mismas condiciones se halla el ex presidente municipal Erwin Castellón Enríquez, los ex integrantes del Cabildo y ex funcionarios por el mismo asunto.
En un mensaje difundido en su cuenta de redes sociales, David Sánchez aseguró que declina para hacer frente a ese llamado de la autoridad, “con la certeza de nunca haber actuado con dolo ni mala fe en el ejercicio de mis funciones. !David Sánchez no les ha fallado y no les fallará! !Gracias por permitirme demostrar que cuando se quiere, sí se puede”, refirió en su breve mensaje.
Como se recordará, el pasado 7 de marzo un juez de Distrito con residencia en el municipio de Nezahualcóyotl determinó vincular a proceso a los ex alcaldes de Coacalco, Erwin Castelán Enríquez y David Sánchez Isidoro, igual a sus tesoreros, síndicos y regidores de las administraciones 2013-2015 y 2016-2018, esto por el delito de omisión dolosa.
En la audiencia respectiva, se determinó que los 32 funcionarios incurrieron en una omisión y por eso su vinculación a proceso, y ante ello los funcionarios solicitaron una medida preventiva económica, misma que fue fijada mediante una garantía económica de cinco mil pesos por cada uno. Además, tendrán que acudir a firmar para que puedan seguir su proceso en libertad.
La vinculación se realizó por el delito de omisión dolosa ya que el juicio de amparo que se les imputa data de 2013, lapso en el cual las dos administraciones solicitaron partidas presupuestales para cubrir diversos adeudos y gastos que tenía las administraciones y ninguno hizo el pago, que inicialmente era de dos millones de pesos y ascendió a más de cuatro millones.
En la audiencia se hizo ver que los requerimientos fueron constantes desde el 2013 hasta el 2017 y fueron exhortados por las autoridades para realizar el pago del ex trabajador, pero ninguna cumplió, argumentando que no había partidas presupuestales para ello.
Empero, hay información de que solicitaban apoyos gubernamentales o préstamos para cubrir algunos adeudos y pendientes de sus administraciones y en ningún momento se cubrió el pago, lo que convirtió el asunto en una situación dolosa.
El juez fijo un término de seis meses para aportar pruebas, lapso en el que deberán firmar los 32 exfuncionarios.
De ser hallados culpables, a los ex alcaldes y ex funcionarios podría fincárseles responsabilidad e inhabilitarlos, alcanzando una pena de cinco a diez años de prisión, multa de 100 a mil días y, en su caso, destitución o inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o actividad pública a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.
