Nezahualcóyotl
Un juez de Distrito determinó vincular a proceso a los ex alcaldes de Coacalco Erwin Castelán Enríquez y David Sánchez Isidoro, igual a sus tesoreros, síndicos y regidores de las administraciones 2013-2015 y 2016-2018, por el delito de omisión dolosa, después de desacatar un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de las Nación (SCJN) para cubrir un laudo laboral por más de 4 millones de pesos en favor de un ex empleado municipal.
Durante la audiencia, la segunda del caso, realizada hoy en los juzgados federales con residencia en Nezahualcóyotl, se determinó que los 32 funcionarios incurrieron en una omisión y por eso su vinculación a proceso.
Ante ello, los funcionarios solicitaron una medida preventiva económica, misma que fue fijada mediante una garantía económica de cinco mil pesos por cada uno. Además, tendrán que acudir a firmar para que puedan seguir su proceso en libertad.
La vinculación se realizó por el delito de omisión dolosa ya que el juicio de amparo que se les imputa data de 2013, lapso en el cual las dos administraciones solicitaron partidas presupuestales para cubrir diversos adeudos y gastos que tenia las administraciones y ninguno hizo el pago, que inicialmente era de dos millones de pesos y ascendió a más de cuatro millones.
En la audiencia se hizo ver que los requerimientos fueron constantes desde el 2013 hasta el 2017 y fueron exhortados por las autoridades para realizar el pago del extrabajador, pero ninguna cumplió, argumentando que no había partidas presupuestales para ello.
Empero, hay información de que solicitaban apoyos gubernamentales o prestamos para cubrir algunos adeudos y pendientes de sus administraciones y en ningún momento se cubrió el pago, lo que convirtió el asunto en una situación dolosa
El juez fijo un término de seis meses para aportar pruebas, lapso en el que deberán firmar los 32 exfuncionarios y aunque se sigue el proceso, ninguno de los imputados pierde sus derechos constitucionales, entre ellos David Sanchez, quien busca por tercera ocasión la alcaldía de Coacalco.
Lo anterior, según se explicó, porque hasta este momento no son penalmente responsables, o no se ha acreditado de manera fehaciente ningún ilícito ya que hasta este momento lo que hay son indicios, son elementos suficientes que presuponen que efectivamente que ellos lo cometieron, por no estar impedidos.
Es pertinente mencionar que aunque ya se pagaron los cuatro millones de pesos al afectado en el mes de febrero, podría fincárseles responsabilidad e inhabilitar a los ex servidores públicos, alcanzando una pena de cinco a diez años de prisión, multa de 100 a mil días y, en su caso, destitución o inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o actividad publica a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.
