Estado de México
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios emitió un pronunciamiento en el que exhortó a las autoridades a conducir con legalidad, transparencia y objetividad las acciones derivadas del operativo “Caudal”, implementado por el gobierno estatal para frenar la distribución ilegal de agua en distintos municipios.
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El órgano ciudadano destacó que la regulación gubernamental y el cumplimiento normativo fomentan la corresponsabilidad en el combate a la corrupción, por lo que llamó a las instancias investigadoras a actuar con apego a la ley y garantizar la presunción de inocencia en los casos que deriven de la intervención.
Llamado a la legalidad y transparencia
También pidió a las autoridades administrativas establecer una estrategia temporal de regulación que permita a los operadores de pipas ajustarse al marco legal, esto luego de las movilizaciones realizadas por transportistas y distribuidores de agua que el lunes pasado bloquearon vialidades del Valle de Toluca y del Valle de México, tras el cierre de pozos efectuado el 24 de octubre en 48 municipios mexiquenses.
El CPC mexiquense planteó que, ante esta coyuntura, los gobiernos estatales y municipales deben aplicar mecanismos de control interno y de vigilancia ciudadana en los procesos de otorgamiento de permisos de distribución, cumplimiento de obligaciones de los permisionarios y visitas de verificación o inspección.
“Exhortamos a que las autoridades conduzcan su actuar apegadas a los principios de legalidad, objetividad, orden y transparencia, bajo la consigna de cero tolerancia a la corrupción y en respeto a la presunción de inocencia”.
Estrategias para operadores de pipas
El organismo también pidió a los particulares y organizaciones dedicadas al suministro de agua por pipas implementar acciones de cumplimiento normativo que garanticen que su actividad se realiza dentro de la legalidad, así como asumir las consecuencias administrativas y legales ante posibles omisiones.
Además, instó a las y los legisladores mexiquenses a revisar y fortalecer las disposiciones en materia de tarifas, requisitos y sanciones contempladas en la Ley de Agua para el Estado de México, el Código Administrativo y el Código Penal de la entidad.
El llamado del CPC coincide con la postura expresada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien afirmó que el operativo “Caudal” no tiene fines punitivos, sino de regulación.
Datos:
¿Qué es el operativo “Caudal”?
Una acción implementada por el gobierno del Estado de México para regular y frenar la distribución ilegal de agua en 48 municipios.
¿Quién emitió el pronunciamiento?
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
¿Qué recomendaciones hizo el CPC a autoridades y operadores de pipas?
Garantizar legalidad, transparencia y presunción de inocencia, aplicar mecanismos de control interno y establecer estrategias temporales de adaptación.
¿Cuál es la postura de la gobernadora?
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que el operativo “Caudal” tiene fines de regulación y no punitivos.
