Toluca/Estado de México
Compromiso con la ética y la ley en el Poder Judicial
El Tribunal de Disciplina Judicial reafirma su compromiso de vigilar que quienes integran el Poder Judicial del Estado de México actúen con apego a la ley, la ética y el respeto a los derechos humanos, especialmente de las personas que requieren mayor protección.
En ese marco, y como parte de las atribuciones constitucionales que tiene encomendadas, a través de su Comisión Permanente Región Toluca, el Tribunal de Disciplina Judicial resolvió por unanimidad inhabilitar por diez años a un Juez de Primera Instancia.
Motivo de la inhabilitación
La resolución se emitió al acreditarse que el servidor público vulneró los derechos de niñas y niños, al excluir de diversos procedimientos a las autoridades legalmente encargadas de su protección, como el Ministerio Público y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Tribunal destacó que la protección de los derechos de la infancia no es un trámite ni una formalidad, sino una obligación constitucional que debe observarse en todas las decisiones judiciales cuando están involucradas personas menores de edad.
Por estos hechos, se determinó que el juez sancionado no podrá desempeñar funciones jurisdiccionales ni ocupar cargo o comisión alguna dentro del servicio público por el plazo señalado.
Sanciones adicionales
Asimismo, se impuso una amonestación pública a dos secretarios judiciales, quienes con su actuación contribuyeron a la afectación de los derechos de niñas y niños, al no informar oportunamente a la autoridad competente para evitar dichas vulneraciones.
Datos
- ¿Qué hizo el juez para ser inhabilitado?
El juez vulneró los derechos de niñas y niños al excluir a las autoridades encargadas de su protección en distintos procedimientos judiciales. - ¿Cuánto tiempo estará inhabilitado y qué otros castigos hubo?
Será inhabilitado 10 años y dos secretarios judiciales recibieron amonestación pública por su omisión en la protección de los menores. - ¿Qué impacto tiene esta decisión para los ciudadanos?
Garantiza que los menores reciban protección efectiva y que los servidores públicos respeten la ley, la ética y los derechos humanos.
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