En una de sus primeras intervenciones como secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dejó muy claro que el Gobierno de la República no permitiría que el Estado de Derecho fuera vulnerado y enfatizó que México es precisamente un Estado de Derecho democrático.
Efectivamente, en nuestro país debemos vivir como sociedad al amparo de la ley, de una ley creada por órganos legislativos que, en representación de la ciudadanía, crean las normas para convivir en armonía como sociedad.
Desafortunadamente, en últimas fechas hemos visto cómo el Estado de Derecho es pisoteado por grupos que, en ocasiones, se dedican a la delincuencia y, en otras, son ciudadanos comunes pero que presionan al gobierno para lograr sus fines.
Dentro de una lógica jurídica y social, es muy fácil definir cuando el Estado debe utilizar la potestad que la misma ley le otorga para hacer cumplir sus determinaciones aun en contra de algunos ciudadanos y lograr el control social necesario para proteger los derechos de cada uno.
Esta potestad se llama fuerza pública y sirve precisamente para que la autoridad haga cumplir la ley y no dejar que las acciones aisladas conviertan a ese mismo Estado en una anarquía donde cada quien hace lo que quiere sin respetar a los demás.
Qué tristeza que, bajo el pretexto de no ser un ente represor, el gobierno sea débil y permita la violacion flagrante de la ley, además de afectaciones económicas importantes a diversos estratos sociales, como a los industriales, en el caso de los maestros que obstruyen el desarrollo normal del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán.
Y no demerito sus exigencias, probablemente tengan razón, el salario es sagrado, pero la forma de protestar, causando mayores daños, es inadecuada. Si no existe productividad en la industria o el comercio, por falta de insumos, las aportaciones de la industria al Estado serán menores y no alcanzará para pagar salarios de servidores públicos.
Esperemos, estimados lectores, que los gobiernos federal y de Michoacán tomen desiciones inteligentes y terminen las gestiones económicas para verdaderamente respetar el Estado de Derecho Democrático.
POR CIERTO: yo me preguntaría: ¿La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nunca utilizó la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones en su época de Juzgadora?
