Todo comenzó meses antes, por una decisión del alcalde perredista Higinio Martínez Miranda, quien estaba con un programa de reordenamiento urbano. Entonces el gobernador era Enrique Peña Nieto.
El presidente municipal sustituto, Nazario Gutiérrez Martínez, quien asumió el 4 de enero de 2006, dio continuidad a las acciones para impedir que el 3 de Mayo, día de la Santa Cruz, los vendedores de flores se instalaran afuera del Mercado Belisario Domínguez como era la tradición año con año, pero en esa ocasión el alcalde no lo iba a permitir.
Los floristas solicitaron y obtuvieron el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes llegaron un día antes para planear la estrategia a seguir, pero el gobierno municipal había pedido apoyo al gobierno del Estado de México y la Agencia de Seguridad Estatal estableció un operativo, junto con la policía municipal para frenar a los vendedores.
Los floristas, con Patricia Romero e Inés Rodolfo al frente, y los macheteros con Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, intentaron la colocación de sus puestos a las 7:25 de la mañana, pero fueron repelidos y se atrincheraron en una casona de la calle Manuel González, donde secuestraron a algunos policías, luego de un primer enfrentamiento. Por la tarde, los efectivos policíacos tomaron la casa, rescataron a elementos y arrestaron a todos ahí.
En respuesta, los atenquenses tomaron la carretera Texcoco-Lechería y pronto el tráfico se desquició en ambos sentidos y tomaron como rehenes a dos policías municipales de Ecatepec y a dos judiciales. También fueron secuestradas pipas de gas y amenazaban con hacerlas explotar.
En la madrugada del día siguiente, ya se sabe, llegaron fuerzas federales, estatales y municipales para recuperar a los rehenes y limpiar la zona. Lo que sucedió después, fue un cruento enfrentamiento que dejó un saldo final de dos muertos,191 detenidos, de los cuales 183 denunciaron abusos policiales, y 31 de las 50 mujeres detenidas denunciaron abusos sexuales, todos ocurridos durante su detención y traslado. Ocho horas tardaron los autobuses de Texcoco a la prisión de Santiaguito.
Después de estudiar los hechos del caso, el Pleno de la Suprema Corte, por una mayoría de 10 votos, determinó que los días 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco, Estado de México, ocurrieron violaciones graves de derechos humanos, debido a que los agentes de las corporaciones policiales que participaron en los distintos operativos “ejercieron la fuerza pública de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente hacia al respeto de los derechos humanos, tanto de las personas que fueron detenidas en esos operativos, como de otras que estaban en las inmediaciones”.
El Pleno reconoció que muchas de las acciones de la policía estuvieron precedidas por actos de violencia por parte de civiles y que el uso de la fuerza pública estuvo, en términos generales, soportado en dichos eventos. Sin embargo, esto no justifica que se actuara con la violencia con que se hizo, ni que se ejerciera la fuerza de esa manera. La fuerza pública debe ejercerse, además de excepcionalmente, sólo en la medida en que es necesaria, tomando las precauciones para minimizar los riesgos de su uso.
Por lo anterior, el pleno concluyó que las violaciones de derechos humanos ocurridas en el Caso Atenco fueron graves, en virtud de que los hechos violatorios fueron el resultado de acciones ilegítimas, violentas, excesivas e injustificables en una policía que opera en un país donde la acción del Estado se limita por la Constitución, que debe ser respetuoso.
Todo esto se lo platico porque el Almirante Wilfrido Robledo Madrid, señalado por haber concebido y ejecutado el operativo de los días 3 y 4 de mayo en Texcoco, falleció la mañana del sábado, a consecuencia de las secuelas del Covid-19.
