Hace un par de semanas llegó a este espacio una denuncia por parte de un grupo de uniformados adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana de Toluca, en la que se reveló que por órdenes del presidente municipal, Fernando Zamora Morales, dejarían de llevar a cabo el operativo escolar denominado Mochila Segura, para integrarse a las labores de tránsito.
El mencionado operativo, pese a que en sus inicios registró resistencias de padres de familia por considerar un exceso que los policías revisaran las mochilas de los estudiantes para detectar la introducción de armas y estupefacientes, con el paso de los meses fue aceptado, conforme se asimilaban sus beneficios.
Incluso, comentan los policías, algunos padres de familia apoyaban en el registro, para hacer más ágil la entrada de sus hijos a las aulas.
Sin embargo, la disposición de la presidencia municipal fue tajante e inmediata: desaparecer este operativo y asignar a los elementos que lo realizaban a labores de tránsito.
El asunto no para ahí. La instrucción adicional fue que, por día, cada uniformado adscrito a las funciones de monitorear el tránsito de la capital mexiquense cumpliera con 20 infracciones como mínimo, de lo contrario empezarían los castigos hasta poder perder su fuente de empleo.
Los uniformados aceptaron sin chistar tal disposición, la cual, a todas luces es una arbitrariedad contra los derechos laborales de las y los policías municipales, por lo que han buscado la forma de hacer pública su situación.
Con Sentido se dio a la tarea de corroborar esta versión con elementos encargados del tránsito en Toluca y, aunque algunos no quisieron comentar sobre el dicho de la meta de infracciones diarias, la mayoría dejó ver que es una práctica constante que sus jefes inmediatos les pidan un tope de multas por día.
