Hay revoluciones que no hacen ruido. No llegan con marchas ni decretos solemnes, sino con comunicados técnicos, programas piloto y promesas de eficiencia. La decisión del estado de Utah de permitir que un sistema de inteligencia artificial renueve recetas médicas sin intervención directa de un médico pertenece, sin duda, a esa categoría: una transformación silenciosa que redefine, desde dentro, la práctica médica contemporánea.
Utah se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en autorizar legalmente que una IA autónoma participe en la renovación de recetas para pacientes con enfermedades crónicas. Lo hace de la mano de Doctronic y bajo un esquema de restricciones cuidadosamente diseñadas: quedan excluidos los medicamentos controlados, las sustancias adictivas, los fármacos inyectables y cualquier prescripción inicial. La IA no diagnostica ni decide tratamientos nuevos; ejecuta, con rapidez y constancia, la continuidad de tratamientos previamente definidos por un médico humano.
El dato que explica esta apuesta es contundente: cerca del 80 % de la actividad médica relacionada con medicamentos corresponde a renovaciones de recetas. En un sistema de salud costoso, fragmentado y con profundas brechas de acceso, los retrasos administrativos no son un problema menor: interrumpen terapias, empeoran condiciones crónicas y generan gastos evitables. Desde esta perspectiva, la IA no aparece como una amenaza, sino como una herramienta de racionalización del sistema sanitario.
El posicionamiento político detrás de esta medida es claro y pragmático. Para legisladores como el senador Kirk Cullimore, la automatización de ciertos servicios médicos es una vía para contener el gasto público, ampliar el acceso y reducir la presión sobre profesionales saturados. No se trata de sustituir al médico, sino de liberar tiempo clínico para lo que verdaderamente requiere juicio humano: el diagnóstico, la toma de decisiones complejas, la relación médico–paciente.
Sin embargo, esta revolución silenciosa plantea preguntas que no pueden ser eludidas. Desde un enfoque académico y ético, el primer debate es el de la responsabilidad. ¿Quién responde ante un error en una renovación automatizada? ¿El proveedor tecnológico, el sistema de salud, el Estado? La medicina, a diferencia de otros ámbitos, no admite ambigüedades en la atribución de responsabilidades, porque lo que está en juego es la salud —y en ocasiones la vida— de las personas.
El segundo debate es más profundo: el de la deshumanización del cuidado. La medicina no es solo un conjunto de actos técnicos; es también escucha, contexto, seguimiento, sensibilidad ante cambios que no siempre caben en un formulario digital. Aunque la IA se limite a casos de bajo riesgo, existe el peligro de que la eficiencia termine desplazando la atención integral, especialmente en poblaciones vulnerables.
Desde la academia, este experimento obliga a repensar la formación médica y jurídica. Los futuros médicos deberán comprender y supervisar sistemas algorítmicos; los juristas, por su parte, enfrentarán nuevos dilemas regulatorios sobre autonomía tecnológica, consentimiento informado y protección de datos. No es exagerado afirmar que estamos ante un nuevo capítulo del derecho sanitario y de la bioética aplicada.
Utah ha optado por avanzar con cautela, monitorear resultados y transparentar el impacto del programa piloto. Esa decisión es políticamente responsable y académicamente defendible. El verdadero riesgo no está en experimentar con tecnología, sino en hacerlo sin reglas, sin evaluación pública y sin debate informado.
La inteligencia artificial ya no es una promesa futura en la medicina; es una realidad operativa. La pregunta ya no es si llegará, sino bajo qué principios, con qué límites y al servicio de quién. En esa respuesta se juega no solo la eficiencia del sistema de salud, sino el sentido mismo de la profesión médica en el siglo XXI.
