Lo ocurrido recientemente en la Universidad Autónoma del Estado de México no es un hecho menor ni aislado. La tentativa de estudiantes del Plantel No. 1 de la Escuela Preparatoria por sumarse a un paro universitario podría inscribirse dentro de la dinámica histórica de movilización estudiantil; sin embargo, lo verdaderamente preocupante no es la protesta en sí, sino la respuesta —o la ausencia de ella— por parte de quienes están obligados a salvaguardar el orden institucional.
La presencia de la rectora en el plantel representó, en apariencia, un ejercicio legítimo de diálogo. Nadie podría cuestionar, en un entorno universitario, la necesidad de escuchar a los estudiantes. No obstante, el fondo del problema emerge cuando, en paralelo, desde el área encargada de la seguridad universitaria se emite un mensaje que, lejos de contener, parece alentar la ocupación de las instalaciones.
Sostener —como se ha señalado en diversos testimonios— que “las instalaciones son de los estudiantes” y que pueden tomarlas si así lo deciden no es un acto de empatía institucional: es, en términos estrictos, una renuncia tácita al deber de autoridad. Es confundir la naturaleza pública y regulada del patrimonio universitario con una idea difusa de apropiación que, llevada a la práctica, erosiona las bases mismas de la convivencia académica.
Las universidades públicas no son espacios sin reglas; son, por el contrario, comunidades normadas donde coexisten derechos y obligaciones. El derecho a la protesta no puede ni debe traducirse en la afectación del derecho a la educación de terceros, como lo es interrumpir las clases de 3,000 preparatorianos del Plantel No. 1 de la Escuela Preparatoria. Permitir —o peor aún, sugerir— la toma de instalaciones implica abrir la puerta a la interrupción de funciones sustantivas, al deterioro del patrimonio y a la normalización de prácticas que, lejos de fortalecer la vida universitaria, la fracturan.
Más grave aún es que este tipo de posicionamientos provenga de un área cuya función es precisamente la protección y resguardo de la institución. En cualquier esquema de responsabilidad administrativa, la omisión o la inducción a conductas contrarias a la normatividad no es un asunto menor; es un precedente. Y los precedentes, en el ámbito institucional, construyen cultura.
Hoy, la Universidad Autónoma del Estado de México enfrenta algo más que un conflicto estudiantil: enfrenta el riesgo de diluir los límites entre la legítima expresión y la permisividad institucional. Si la autoridad abdica de su función, no solo pierde control; pierde legitimidad.
El verdadero desafío no es contener la protesta, sino encauzarla dentro de un marco de legalidad que garantice tanto la libertad de expresión como la continuidad académica. Cualquier otra ruta —por complaciente que parezca en el corto plazo— compromete el futuro de la institución.
