La justicia, por su propia naturaleza, no solo representa un valor normativo, sino una expectativa social vinculada al bienestar individual y colectivo; supone, al mismo tiempo, una forma de entender la posición del individuo frente a su entorno y una expresión de su pertenencia a una comunidad. Desde esta perspectiva, la justicia se relaciona con la solidaridad y con la disposición de todos por contribuir al desarrollo común, más allá de factores como la posición social, la edad, el idioma, la nacionalidad o el territorio.
En ese sentido, el sentido de justicia en la vida social debería traducirse en una práctica constante de actuación de autoridades y ciudadanos conforme a criterios de equidad e imparcialidad, lo que implica no solo observar las normas jurídicas, sino reflexionar sobre su aplicación, opinar sobre su contenido y participar en la valoración del desempeño de las instituciones encargadas de hacerlas efectivas. La justicia, por tanto, no se agota en el ámbito institucional, sino que requiere de una ciudadanía atenta y dispuesta a involucrarse.
Sin embargo, esta lógica de participación se ha debilitado; es decir, la dinámica social se encuentra hoy marcada por relaciones cada vez más despersonalizadas que han favorecido una actitud de indiferencia frente a la injusticia. A ello se suma la poca participación de la sociedad en la vida pública, lo que genera desapego hacia las instituciones y desinterés por su funcionamiento; en este contexto, las prácticas, procedimientos y estructuras del sistema de justicia —incluidos tribunales, fiscalías y cuerpos policiales— corren el riesgo de no ser objeto de atención social o de no recibir la crítica viva que merecen para transformarse.
Difícilmente podemos observar un interés ciudadano sostenido por cuestionar decisiones institucionales, proponer cambios o incidir en la construcción de políticas públicas; tampoco se advierte una crítica constante que permita identificar fallas o exigir mejoras. Así, este vacío de intervención social limita las posibilidades de transformación del sistema de justicia.
El desinterés ciudadano impacta directamente en los resultados institucionales, pues la ausencia de vigilancia social reduce la exigencia sobre el desempeño de las autoridades, dificultando la mejora en la prestación de servicios públicos, especialmente en ámbitos como la seguridad y la impartición de justicia como ejes de la armonía social, los cuales, sin la presión social —como incentivo para corregir prácticas ineficientes o indebidas— se debilitan.
La desafección social por la vida pública precede del desapego político y del desapego institucional. Este último está relacionado con la desconfianza hacia las instituciones y sus representantes, a quienes se atribuye una falta de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, y que no necesariamente genera oposición activa, sino que se traduce, con frecuencia, en desinterés.
En sociedades con procesos democráticos en desarrollo, reformulados a partir de la necesidad de un cambio de paradigmas, como el derivado de la reforma al Poder Judicial del 15 de septiembre de 2024, la desafección social adquiere especial relevancia, pues produce un efecto desmovilizador que reduce los incentivos para participar y debilita la rendición de cuentas, lo que daría oportunidad a prácticas contrarias al orden jurídico, como la corrupción, la impunidad y la inseguridad, además de profundizar la desconfianza en el sistema judicial.
La ausencia de observación ciudadana en el ejercicio de los nuevos Poderes judiciales —locales y federal— dificultaría la identificación de prácticas institucionales alejadas de los principios de transparencia y apertura, lo que afectaría de manera particular a los sectores más vulnerables, pues sin intervención social, el sistema de justicia corre el riesgo de operar de manera cerrada, con menor rendición de cuentas y con grandes posibilidades de desviarse de lo que justificó la propia reforma: la justicia abierta.
Todo ello hace evidente la necesidad de dejar de concebir a la justicia como un valor abstracto o como un principio formal y llevarla a su dimensión como detonante de equilibrio social y de oportunidades para todas y todos. Por ello, resulta indispensable que la gente se interese en las cuestiones de la justicia, que exija compromiso social de todas las personas juzgadoras, que reclame apertura de las instituciones y, en ello, espere resultados concretos que impacten de manera directa en la vida comunitaria, que garanticen el ejercicio de libertades y que aseguren el respeto a la dignidad humana.
De tal manera, la justicia debe asumirse como una responsabilidad compartida: por un lado, el Estado tiene la obligación de actuar conforme a derecho y de garantizar el funcionamiento adecuado de sus instituciones; por otro, la sociedad debe participar en los procesos de creación, aplicación y evaluación de las normas, contribuyendo a su mejora y legitimación.
Cuando la sociedad adopta una postura de participación, fortalece el sistema de justicia, pues la intervención social permite identificar problemas, exigir soluciones y promover cambios. Contribuye a generar transparencia y a mejorar la relación entre las instituciones y la sociedad.
Revertir la indiferencia social implica restablecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema de justicia; esto requiere no solo mejorar el desempeño institucional, sino también fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la participación. La justicia no puede sostenerse únicamente en la acción del Estado; necesita de una sociedad que observe, cuestione y se involucre en su construcción.
Solo a través de esta corresponsabilidad será posible avanzar hacia un ecosistema de justicia más cercano, eficaz y legítimo, capaz de procurar por las necesidades reales de las personas; en suma, competente para responder a la exigencia de todas y todos por un México más justo.
