El grave problema que representan las desapariciones en México mantiene en vilo a la comunidad entera. Lo más delicado es que cada día empeora, en vez de mejorar. La política pública respecto a este sensible tema se diluye en discursos, promesas y, peor aún, en señalamientos hacia el pasado.
La crisis de desapariciones en nuestro país es de la mayor importancia; se trata de uno de los peores síntomas que enfrenta una sociedad en decadencia debido a la inseguridad, que, por más que se diga a través de tramposas estadísticas que va a la baja, nomás no corresponde al sentimiento de madres, padres, amigos y familia, que en verdad sea así.
La exigencia de los colectivos que han surgido por esta causa y que parecen ajenos al gobierno utiliza sus propias manos, brazos y contactos de otras personas en igualdad de circunstancias para peregrinar en una selva de trabas que impone el gobierno, evitando así acompañar su búsqueda, dejándolos solos a su suerte.
Sin embargo, las autoridades que, en primer lugar, deberían darse el tiempo para reunirse con ellos no lo hacen. Los titulares del Ejecutivo federal, así como los estatales, ignoran el afanoso peregrinar de las familias buscando a sus seres queridos, y el reclamo de ser escuchados se reduce a su mínima expresión, como si fuera cualquier solicitud de la menor importancia. Literalmente, batean a las conocidas como madres buscadoras, cuyas exigencias son minimizadas como si de pequeños susurros se tratara. Esto se ha vuelto más evidente en el tiempo de lo que va de la supuesta transformación del país.
Desalienta la actitud del gobierno federal. Desde la administración de Andrés López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, el Ejecutivo federal se protege a través de un manejo de cifras bajo su cuidado para maquillarlas, condición que por sí misma contribuye a una laceración continua para quienes están ansiosos de conocer el paradero de los suyos.
Misión: desaparecer a los desaparecidos. Inició con López Obrador y continúa con Sheinbaum. Las quejas de quienes recibieron o tuvieron contacto con los “servidores de la nación”, como ente revisor de la existencia o ausencia de los desaparecidos, no fueron escuchadas. Supuestamente, aquello era para “descubrir” qué personas habían sido localizadas y seguían apareciendo en la estadística sin que se realizara el trámite correspondiente para bajarlas del sistema; no obstante, fueron señalados por no esforzarse para ir al fondo de la aparente investigación, dando por hecho la supuesta recuperación del desaparecido sin constatarlo.
Ante ese escenario, se exacerba la incertidumbre y se desconfía del gobierno. Como consecuencia de este desplante, es inevitable lastimar aún más a los afectados, porque estos, lejos de sentirse apoyados, son vilipendiados, aun a pesar de que se presume que “siempre” han sido atendidos.
En cambio, no solo su queja queda en la indiferencia. La 4T lanza a sus más fervientes defensores para “convencer” a la prensa y a la sociedad en general de que son ellos, y solo ellos, las verdaderas víctimas de un informe realizado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, a través del cual solicita revisar el caso de México por parte de la Asamblea General por considerar que el grave problema de desapariciones en México puede constituir “crímenes de lesa humanidad”, resultando realmente ocioso escuchar a Arturo Ávila, uno de los más encendidos políticos que tienen para esas ocasiones y vocero de Morena en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el panista Damián Zepeda Vidales, que es a quien normalmente Ávila no le encuentra la forma, le ha puesto sus coscorrones una y otra vez. El famoso apodo del “cero votos” fue precisamente obra del ingenio de Damián, que se convirtió en tendencia. Arturo Ávila ha llorado por los pasillos y nomás no se puede quitar el atinado sobrenombre.
El verdadero problema es que a las desapariciones no se les ha encontrado la forma de resolverse. Eso sí, los que hoy gobiernan se protegen con estadísticas manejadas por ellos mismos con la idea de mejorar en las cifras el complicado dato, lanzando la culpa nada más y nada menos que a Felipe Calderón, lo cual, por desgracia, ya no causa sorpresa, pero sí indignación.
Más allá de caer en despropósito, en el gobierno de Andrés López Obrador no se recibió nunca a las madres buscadoras; la incertidumbre daba para hacerlo, no lo hizo y eso no se puede ocultar ni negar. Pero la presidenta tampoco lo ha hecho. Entonces, ¿cómo no exigir que las madres buscadoras sean recibidas por la titular del Ejecutivo federal para declarar lo que tienen que decir? Aunque, observando la reacción que tuvo la mandataria recientemente con pobladores de San José Chiapa, Puebla, se puede entender que escuchar no es lo suyo.
En México se reportan más de 132 mil desaparecidos desde que se tiene el registro. Es hasta necio mencionar que no se señala únicamente a los gobiernos morenistas, pero es una gran verdad que desde el sexenio anterior la cifra ha crecido alarmantemente.
Y no, no se trata de una repercusión por causa del gobierno de Felipe Calderón; esa es una salida simplista e insensible, ya que quien asume la dirección de la política pública a seguir debe estar preparado con base en un diagnóstico bien elaborado para aportar soluciones, no para presentar excusas a cada problema que se le presenta.
Cada persona desaparecida es un ser humano. No basta con “cuidar” el “debido respeto” para referirse a ellos y después, sin más, enfocarse únicamente en las estadísticas porque les afecta en la percepción ciudadana. Las personas no localizadas merecen más que ser consideradas números incómodos. El Comité de la ONU ha señalado lo que vio en México, y el organismo internacional podría estar apoyando al país con este flagelo, pero la soberbia los domina.
El Estado es responsable por acción y por omisión. El gobierno no debería intentar hacer esfuerzos, sino ofrecer éxito con una política pública adecuada.
