El accidente automovilístico en el que fallecieron dos agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) en el estado de Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos Galván, ha removido la política tanto externa como interna de México. Respecto al vehículo que se desbarrancó y que cobró la vida de los norteamericanos y dos mandos mexicanos, el foco de atención se centró en las actividades que realizaban los primeros en esa entidad; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró desconocer su posible intervención en el operativo que se llevó a cabo y que culminó con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, a pesar de la negativa presidencial, en la importante operación participaron fuerzas federales que se encargaron de realizar una acción coordinada para tener el éxito logrado en el desmantelamiento del laboratorio clandestino referido; por lo que surge la pregunta natural: ¿esas fuerzas federales no le informaron a la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas de México lo que estaba sucediendo?
De ser este el caso, y en el supuesto de que la agencia estadounidense se encuentre conduciendo operaciones en suelo mexicano, estarían violando la Ley de Seguridad Nacional publicada en diciembre de 2020, la cual exige que agentes extranjeros deben contar con la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y de los poderes de la Unión, antes de actuar en cualquier operativo de seguridad.
Las explicaciones de ambos eventos corrieron a cargo del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien se enredó en una cadena de versiones distintas que hacen sugerir que las prisas lo hicieron trastabillar en sus expresiones; lo lamentable es que fue en un problema de alcances inimaginables.
Ante este escenario, es imposible dejar de analizar la intervención que pudo tener la gobernadora Maru Campos, a quien correspondería enfrentar un juicio político por entrometerse en asuntos que son de competencia exclusiva federal, y por el que podría llegar a ser destituida, además de las demás complicaciones legales correspondientes.
Aunque la condición del fiscal Jáuregui lo coloca en una posición incómoda de desventaja natural ante el escenario que compromete a la gobernadora, es entendible entonces que haya terminado por ser el alfil sacrificado ante tal disyuntiva. El fiscal presentó su renuncia para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias y no interrumpir en el proceso de manera alguna. Esta decisión debería dejarle a varios gobiernos estatales y, desde luego, al federal, un ejemplo de lo que debe hacerse ante estos casos. No obstante, ni en el gobierno federal, menos aún en algún estatal gobernado por Morena, se ha hecho algo similar; los personajes bajo sospecha de haber cometido delitos siguen tan campantes: hay cero renuncias; peor aún, no hay investigaciones en curso.
Como consecuencia de la intromisión estadounidense, que no es cosa menor, la administración de Sheinbaum tendría que presentar una protesta enérgica al gobierno del presidente Donald Trump. Solo que la reacción de este es de pronóstico reservado, a pesar de haberse pronunciado ya; el alcance real se desconoce, ya que ha dejado claro que es muy poco tolerante como para ofrecer alguna explicación.
No obstante, la decisión que tome la titular del Ejecutivo federal mexicano en este espinoso asunto tendrá que analizarse a conciencia; es por esta circunstancia, tal vez, que le ha solicitado a su equipo jurídico revisar a fondo el caso para determinar cómo proceder.
No es tarea fácil, en ningún sentido. Apostar por el desafuero de la gobernadora Maru Campos elevaría la tensión de por sí ya crispada en la política interna; aunque la mandataria estatal se debe a los ciudadanos de su estado, tendría que ser el Congreso de Chihuahua el que la llame a cuentas. Pero, en la externa, tampoco puede considerarse que es tersa. El presidente Trump lleva meses señalando la debilidad del gobierno mexicano ante las acciones emprendidas en contra de los cárteles mexicanos, pues, a su parecer, no han sido suficientes.
Además, las consecuencias de las declaraciones vertidas por Sheinbaum a propósito de su visita a España aún no pueden calcularse. Tal vez el estadounidense no les dé mayor importancia; es complicado saberlo. De ser así, estaría abriendo las puertas del mismo infierno, con un Tratado de Libre Comercio próximo a terminar de revisarse, ofreciendo un resultado catastrófico para el pueblo mexicano, que termina siempre por pagar los platos rotos.
A pesar de la molestia que presumen en Palacio Nacional por el desafortunado acontecimiento, sería necio dejar de mencionar otras acciones en las que se ha visto comprometida la relación bilateral, principalmente por el desconocimiento mexicano de lo que se ha venido haciendo en el tema de seguridad por parte de las autoridades norteamericanas.
A la fecha, no se ha dado una explicación clara de cómo fue que se detuvo y se trasladó a Ismael “el Mayo” Zambada a EE. UU., pues desde la administración de López Obrador se piden aclaraciones; o cómo se realizó la detención del canadiense Ryan Wedding, conocido como el “Chapo canadiense”, cuyo informe oficial dejó muchas dudas, siendo nada creíble la versión de que este se entregó solo. ¿Cómo explicar entonces la presencia del director del FBI, Kashyap Patel? O, tal vez, saber bien a bien cómo se llevó a cabo el operativo en el que se capturó a Nemesio Oseguera Cervantes (a) “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de la que corresponde a su fallecimiento, porque aparentemente a la presidenta la tomó por sorpresa, como al propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Aún no se sabe si el Ejército actuó en solitario.
En este contexto: ¿ordenará la presidenta realizar alguna acción legal en contra de los otros agentes de la CIA que aparentemente también participaron en el desmantelamiento del laboratorio clandestino?
A todo esto, parece que existe un común denominador: la titular del Ejecutivo federal no se entera de nada, o quizás le medio informan, o mienten; o tal vez las autoridades estadounidenses no le tienen confianza al gobierno mexicano y no le notifican con antelación para evitar el clásico “pitazo” que eche a perder el operativo que se trate. ¿Cuál es la verdad?
