A casi diez años del crac financiero que evidenció, por enésima ocasión, las felices mentiras del dogma neoliberal de la “auto-regulación” de los mercados, las autoridades estadounidenses encabezadas por Donald Trump echaron la última palada de tierra a la Ley Dodd-Frank, diseñada justamente para evitar nuevas catástrofes con la especulación y el timo, vía derivados y otros instrumentos innovadores, inspirados esencialmente en las ruletas de los casinos de Las Vegas.
La citada Ley fue aprobada en 2010, aumentando la regulación y la supervisión sobre las grandes entidades financieras, procurando impedir los riesgos que generaron el estallido del 2008, similar al de 1929 ,y que costó inyecciones de dinero bestiales, provenientes del erario público, para “rescatar” al sistema financiero.
Hoy, como hace una década, ese “populismo” que tanto gusta al ”1 por ciento se vuelve a poner en marcha cuando el tiradero del anterior todavía sigue causando estragos.
Previamente y por si no fuera suficiente, Trump se disfrazó de Santa Claus y rebajó los impuestos a las grandes corporaciones (impuesto de sociedades), de 35 a 21 por ciento, bajo el supuesto de que eso llevaría más inversión a su país, se crearían más fuentes de empleo, mejorarían los salarios de los trabajadores y, en suma, era el inicio del regreso triunfal al “sueño americano”.
No hay tal. El Nobel de Economía Paul Krugman ha revelado que lo que están haciendo las grandes corporaciones con esa rebajas de impuestos es simplemente invertir en la recompra de acciones.
“Habría diferencia si Apple eligiera gastar más en cosas reales: contratar a más trabajadores, construir nuevas estructuras, instalar más equipo. No está haciendo ninguna de estas cosas. En cambio, esta semana anunció que invertiría 100 mil 000 millones en recuperar acciones de su empresa, lo cual es bueno para los accionistas, pero no hace nada por los trabajadores. Otras muchas empresas están haciendo lo mismo” (El País, 14-05-18).
“La percepción de que este es simplemente un recorte fiscal para los ricos, es correcta”, agregó. “La conclusión —que seguirá siendo cierta sin importar qué tanto gasten los Koch en tratar de convencernos de lo contrario— es que lo que parece una gran dádiva para los inversionistas ricos es, en efecto, una gran dádiva para los inversionistas ricos”.
Algo similar se está impulsando ahora en nuestro país bajo el argumento de “no perder competitividad” y evitar que los inversores cambien de ruta y se echen en brazos de Estados Unidos.
Es decir, los inversores mexicanos, varias de las 30 familias dueñas de la economía nacional, también quieren su “gran dádiva”, a pesar de que en este sexenio se quintuplicó la salida de capitales y casi llega a 100 mil millones de dólares, según la información difundida por el Banco de México y retomada por algunos medios informativos (La Jornada, 26-05-18).
Según ese reporte, “ciudadanos y empresas mexicanas hicieron transferencias a bancos en el exterior -principalmente a instituciones de Estados Unidos- por 98 mil 598.9 millones de dólares desde el inicio de la actual administración federal, una cantidad que prácticamente multiplicó por cinco la registrada en el periodo comparable del gobierno anterior y que equivale a tres cuartas partes del ingreso por remesas, de acuerdo con cifras oficiales”.
“Sólo en el primer trimestre de este año, el envío de recursos a cuentas bancarias en el extranjero por mexicanos fue de 7 mil 799 millones de dólares”, se agregó.
“Una de las razones del incremento es la mayor actividad de firmas mexicanas fuera del país” (que no se fueron luego de que Trump rebajara los impuestos, claro).
Calculadores unos, cómplices otros y omisos por dogma los demás, los candidatos a la Presidencia de la República han guardado silencio respecto de la regulación financiera en el país para evitar esos ataques especulativos a nuestra moneda y manipulaciones de precios de bonos de deuda por parte de carteles bancarios, es decir, ese rentismo especulador que ha llevado al crecimiento de la deuda en más de 10 puntos porcentuales del PIB en lo que va del sexenio y al pago bestial de intereses en forma anual.
Es necesario remarcar: al cierre del 2017 la deuda se ubicó en 10 billones 90 mil 560 millones de pesos (el 46 por ciento del PIB) y sumando pasivos de Petróleos Mexicanos y las Comisión Federal Electricidad, por intereses y comisiones este año se pagarán 533 mil 115 millones 200 mil pesos, es decir, casi la cantidad que anualmente dejan de pagar en impuestos las grandes corporaciones, según estudios del PRI cuando estaba en la oposición.
Quizás por eso los aspirantes tampoco han dicho nada sobre una reforma fiscal para cerrarle el paso a la evasión fiscal de las grandes corporaciones (“el 1 por ciento”) que, como se esta viendo, a pesar del paraíso del que disponen, simplemente no les da la gana invertir en el país.
