Una alcaldesa señalándoles a sus secuestradores cómo esquivar las cámaras del gobierno. La escena, captada por el propio C5, no retrata un crimen: retrata un país. En Tenancingo, Nancy Nápoles no fue víctima de un secuestro: lo escribió, lo dirigió y lo protagonizó. Cuarenta millones de pesos que faltaban en la tesorería necesitaban una coartada, y la coartada fue un teatro criminal montado desde el círculo familiar, con un rescate inventado, llamadas rastreadas hasta Oaxaca y un libreto que se desmoronó frente al lente de las instituciones que deberían administrar justicia.
El episodio sería casi cómico si no fuera profundamente revelador. Porque Tenancingo no es una anomalía exótica: es la radiografía de una patología. El municipio —ese orden de gobierno que el Artículo 115 imaginó como el más cercano a la gente— se ha convertido en el eslabón más vulnerable a la captura de recursos, el desfalco y el abuso. Y no por falta de leyes. México tiene uno de los andamiajes de fiscalización más sofisticados de América Latina: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), los sistemas anticorrupción, las normas internacionales de auditoría. Tenemos un edificio jurídico que podría dar buenos resultados si lo dejaran trabajar. El problema es que las puertas se abren —o se cierran— según el color partidista de quien toca.
Conviene mirar el patrón completo. El “Operativo Enjambre”, desplegado entre 2024 y 2026, terminó —según los reportes oficiales— con más de sesenta servidores públicos consignados y al menos catorce alcaldes o exalcaldes detenidos. Y aquí viene el dato que ningún partido debería esquivar: entre los capturados hay morenistas, priistas, emecistas, verdes y militantes de partidos locales. Alcaldesa de Amanalco condenada, según la sentencia, a setenta años por mandar asesinar a su propio síndico. Presidente municipal de Zinacantepec sentenciado a cuarenta y dos años por intentar silenciar a balazos a un regidor. Alcalde de Toluca con presuntos desvíos, señalados por las auditorías, por más de dos mil trescientos millones. El neocaciquismo no tiene siglas: tiene método.
Ese es, justamente, el punto que, como opositor, me niego a usar como simple munición. Es tentador convertir cada escándalo de Morena en un trofeo de campaña, y los hay de sobra. Pero el humanismo político —ese que mide al poder por su trato a los más débiles— exige algo más honesto: reconocer que la descomposición municipal es transversal y estructural. Los alcaldes que convirtieron las policías en guardias pretorianas, las tesorerías en cajas chicas y las direcciones de obra en oficinas de saqueo no fallaron porque profesaran tal o cual ideología. Fallaron porque el sistema les ofreció algo irresistible: la certeza de que su investidura los volvía intocables. El desfalco y el crimen son ramas distintas del mismo tronco —esa impunidad presumida— y por eso conviven en el mismo operativo.
Y mientras tanto, la maquinaria de control opera en cámara lenta. El OSFEM puede tardar más de un año en confirmar técnicamente un desvío que las personas en la calle ya conocen. En Cuautitlán, las auditorías detectaron un daño patrimonial de más de cuatrocientos diecisiete millones en la administración anterior, cuando los responsables ya estaban lejos del alcance de la ley. La rendición de cuentas, así diseñada, es una autopsia: llega siempre cuando el cuerpo ya está frío.
Aquí está el verdadero escándalo, el que rebasa lo estrictamente legal y entra de lleno en lo moral. No es sólo que algunos presidentes municipales roben, mientan o, en los casos más siniestros, maten. Es que han aprendido a esgrimir la “persecución política” como escudo universal contra sus fechorías. Volvamos al caso inicial: Nápoles no respondió con peritajes válidos a las pruebas obtenidas con tecnología; respondió denunciando una vendetta interna y acusando a la fiscalía de fabricar imágenes con inteligencia artificial. El argumento funciona —y este es el daño más profundo— porque se basa en historias terribles, protagonizadas por la justicia mexicana, que le dan la razón. Cuando la justicia ha sido instrumentalizada como ariete contra adversarios, todo corrupto puede disfrazarse de mártir.
Por eso, el problema no es la falta de leyes, sino la voluntad de aplicarlas de manera imparcial y de abrir el poder al ciudadano. Una fiscalía que persiga el delito sin preguntar la afiliación partidista. Auditorías que dejen de ser secretos de Estado durante un año. Y, sobre todo, ciudadanía actuante, que se involucre con la información pública, que exija acceso a datos abiertos en tiempo real y el funcionamiento de presupuestos participativos vinculantes, así como contralorías de barrio que vigilen el cemento y el cheque.
Donde el vecino fiscaliza, el cacique se achica. Recordemos que en el Estado de México apenas dos de treinta municipios evaluados por el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) aprobaron en transparencia. Y el promedio de los reprobados es de sólo 39 por ciento. A oscuras, cualquier autosecuestro es posible.
Tenancingo no es una anécdota: es un espejo. Mientras el castigo dependa de la filiación partidista y el cacique se crea blindado —impune— por el fuero o el padrino, el municipio se mantendrá como una máquina de extraer recursos al servicio de élites efímeras. La cercanía con la gente, su única promesa, se quedó en palabras al viento.
