Cuando Ernesto Ruffo Appel rompió en 1989 la hegemonía de setenta años del PRI, no ganó solo una gubernatura: abrió la puerta institucional por la que después transitaría toda la alternancia mexicana. Treinta y siete años después, ese mismo hombre duerme en una celda del Altiplano, el penal reservado para el crimen organizado más violento del país. La pregunta que debería inquietarnos no es si existe un delito en el expediente —lo hay, y es real—, sino si ese delito es la causa del encarcelamiento o solamente su vehículo.
El caso técnico contra Ruffo se sostiene sobre el llamado “huachicol fiscal”: una red de subdeclaración aduanal que habría introducido al país millones de litros de combustible sin pagar impuestos. Los ferrotanques asegurados en Coahuila son reales. El fraude fiscal, documentado. Nadie serio lo niega. Pero entre la existencia de un delito corporativo y la determinación de que un exgobernador de ochenta años, socio minoritario y secretario de consejo, dirigía personalmente esa operación, hay una distancia que la Fiscalía no ha cerrado con una sola prueba directa. Veinte mil fojas y, según su defensa, ni una llamada interceptada, ni un correo, ni una transferencia que lo vincule al dinero. Se le procesa por lo que es —una figura simbólica de la oposición histórica— disfrazado de lo que hizo, que en el mejor de los casos fue no hacer las preguntas correctas como consejero de una empresa familiar.
Esto no ocurre en el vacío institucional. México ocupa el lugar 134 de 142 países en justicia penal y el 135 en ausencia de corrupción, según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. No es una estadística decorativa: es la descripción exacta del terreno donde florece la persecución selectiva. En un sistema con controles judiciales sólidos, la pregunta “¿hay delito tipificado?” bastaría. En uno donde la fiscalía responde políticamente al Ejecutivo, la pregunta que importa es otra: ¿a quién se le aplica el peso completo del aparato penal, y a quién se le permite operar impune bajo el mismo techo político?
Y aquí es donde el doble rasero deja de ser acusación retórica del PAN para convertirse en un hecho verificable con nombre y apellido. El propio huachicol fiscal —según reportajes periodísticos y documentos que han circulado durante 2026— ha señalado a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, por la presunta implicación de su casa de bolsa en la red; a legisladores morenistas como Daniel Asaf y Adán Augusto López, este último por sus nexos con el aparato de seguridad que operó bajo su gobierno en Tabasco; a gobernadores en funciones como Américo Villarreal, vinculado en el pasado con el financiamiento de campaña del llamado “Rey del Huachicol”, y Alfredo Ramírez Bedolla, señalado por presuntos lazos con grupos criminales sin que exista, hasta ahora, una sola carpeta abierta en su contra. Investigadores de organizaciones especializadas en fiscalización han señalado que una red de este tamaño requirió la venia y la logística de muchísimas personas en muchísimas etapas del proceso, y que existen rutas de investigación que la autoridad simplemente no ha querido seguir. Ocho meses después de que la propia Secretaría de Gobernación prometiera públicamente “cero impunidad” en este expediente, los exdirectores de aduanas que autorizaron el paso de miles de pipas siguen sin ser llamados a declarar. Frente a ese silencio selectivo, la prisión de un solo hombre —el de la oposición— no se explica por la solidez de las pruebas en su contra, sino por la ausencia de voluntad para investigar a los propios.
La prisión preventiva oficiosa es constitucional, pero su aplicación automática, sin ponderar edad, arraigo, riesgo real de fuga o el papel específico que se le atribuye dentro de la empresa, convierte una figura legal en un instrumento de castigo antes del juicio. Y cuando la propia presidenta se pronuncia sobre un expediente que aún no ha sido resuelto por un tribunal, la línea entre justicia y mensaje político se difumina peligrosamente. No hace falta inventar un delito para perseguir a un adversario: basta con encontrar uno real, ya existente en los libros de una empresa que fundaste hace décadas, y aplicarlo con un rigor que jamás se ejerce contra los propios.
Ninguna sociedad democrática debería normalizar que el expediente penal sustituya al debate político como forma de resolver diferencias con la oposición. La detención de Ruffo no borra el fraude fiscal que documentó la FGR; lo que sí pone en entredicho es si ese fraude —cometido por una estructura corporativa con múltiples operadores— justifica que el peso simbólico y desproporcionado del castigo recaiga, ejemplarmente, sobre el rostro más reconocible de la alternancia democrática mexicana. Esa desproporción, y no la existencia del delito, es la que convierte este caso en una advertencia para cualquiera que hoy piense en disputarle el poder a la Cuarta Transformación.
