La boleta electoral de una elección no solo define ganadores y perdedores; también anticipa el tipo de ejercicio del poder que puede venir después. Observar y tratar de analizar los procesos que seguirán los partidos políticos para designar a las personas que competirán en las elecciones próximas de 2027, a la luz de los recientes escándalos que se han hecho públicos, es un tema relevante.
En México, la selección de candidaturas se ha convertido en una de las pruebas más sensibles para la calidad de la vida democrática. No basta con que un partido tenga presencia territorial, recursos, estructura o capacidad de movilización. Si postula a personas con antecedentes de corrupción, abuso de poder, opacidad patrimonial o vínculos con redes ilegales, el problema deja de ser electoral y se convierte en un riesgo para el interés público.
La discusión es urgente porque los escándalos asociados a autoridades de los tres órdenes de gobierno han mostrado un patrón reiterado: cuando los filtros internos son débiles, los partidos terminan abriendo la puerta a perfiles que comprometen la legitimidad institucional.
En el nivel municipal, la vulnerabilidad suele ser mayor porque ahí confluyen policía, obra pública, permisos, nómina y cercanía con la ciudadanía. En el estatal, las redes de complicidad suelen ser más amplias y difíciles de desarticular. Y en el federal, aunque los casos pueden ser menos frecuentes, su impacto es más costoso y visible. En todos los escenarios, el efecto final es el mismo: desconfianza, deterioro de la autoridad pública y sensación de impunidad. La ciudadanía acrecienta sus dudas en torno a la clase política.
El problema no se explica solo por malas decisiones aisladas. En muchos partidos, la selección de candidaturas sigue respondiendo a lógicas de lealtad, control interno, rentabilidad electoral o conveniencia coyuntural. Se privilegia a quien “suma” votos, aunque ese perfil cargue cuestionamientos serios. En este momento, algunos partidos están tratando de “jalar” perfiles que en algún momento fueron señalados por comportamientos “inapropiados” o por la presunta comisión de ilícitos.
El resultado es un círculo vicioso: se normaliza el pragmatismo sin escrúpulos, se debilita la ética pública y se envía a la sociedad el mensaje de que la victoria electoral importa más que la calidad moral y legal de quienes aspiran a gobernar. Y los problemas posteriores los paga la ciudadanía, la población en general. Decisiones sin preparación, actuaciones impulsivas que en nada generan beneficio o incluso que provocan daños a las arcas públicas, y expresiones de abuso de poder.
Por eso, la selección de candidaturas debe entenderse como un acto de responsabilidad pública, no como una simple negociación partidista. Los partidos existentes y, con mayor razón, los de reciente creación, necesitan asumir que su credibilidad no depende solo de su discurso, sino de la calidad de las personas que postulan. Un solo caso grave puede dañar durante años la reputación de una organización política, erosionar su base social y convertirla en sinónimo de oportunismo. Construir legitimidad cuesta mucho; perderla, muy poco.
Frente a este panorama, resulta indispensable adoptar un Código de Integridad Partidista de 10 puntos. Primero, un filtro previo obligatorio para toda candidatura, con revisión documental de trayectoria, antecedentes y conflictos de interés. Segundo, declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, con el mayor grado de publicidad posible. Tercero, verificación de antecedentes penales, administrativos y electorales. Cuarto, revisión de vínculos de riesgo con redes de corrupción, financiamiento irregular o criminalidad organizada. Quinto, elaboración de un perfil público verificable para cada aspirante, de modo que la ciudadanía conozca quién es y qué ha hecho.
Sexto, creación de comités internos de integridad con facultades reales para objetar o frenar candidaturas de riesgo. Séptimo, reglas estrictas de financiamiento limpio, con trazabilidad y fiscalización. Octavo, capacitación obligatoria en legalidad, ética pública y responsabilidades administrativas y penales. Noveno, mecanismos de denuncia interna con protección contra represalias. Y décimo, sanción inmediata y pública cuando surjan indicios serios de conductas indebidas, sin esperar a que el daño sea irreversible.
Este código no debería verse como una carga burocrática, sino como una herramienta de supervivencia democrática. Para los partidos grandes, significaría evitar que la competencia interna termine premiando a los peores perfiles. Para los partidos nuevos, representa una oportunidad de nacer con estándares de seriedad, evitando que la urgencia por crecer los lleve a reclutar candidatos sin depuración mínima. En tiempos de desconfianza pública, la integridad puede ser el principal activo político.
La democracia no se fortalece solo con más elecciones, sino con mejores decisiones al elegir a quienes compiten. Si los partidos quieren recuperar autoridad moral, tienen que empezar por depurar sus candidaturas. La exigencia es simple, pero no menor: postular personas que puedan responder ante la ley, rendir cuentas ante la ciudadanía y ejercer el cargo sin arrastrar sombras incompatibles con el servicio público. Ese es el verdadero punto de partida para una vida política más seria, más confiable y más democrática.
#TodoComunica
El hecho de que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) haya optado por seleccionar a Filiberto Trinidad Pérez fue la decisión más razonable y pertinente, porque vienen tres años continuos de elecciones para la entidad. Apostar por quien conoce a la institución en su historia reciente, posee la formación y experiencia, es un acierto para que el área funcione correctamente.
Ahora vendrá la innovación.
