Con el proceso electoral de 2027 cada vez más cerca, los partidos políticos tienen la tarea de revisar muy bien a quienes van a postular como candidatos. No será suficiente con que un aspirante tenga estructura, dinero, popularidad o posibilidades de ganar. También deben revisar su historial en materia penal, porque una denuncia o un antecedente relacionado con violencia de género podría representar un problema que termine por acabar una candidatura.
Las leyes cambiaron y son lo que son gracias a la lucha de muchas mujeres que durante años exigieron que quienes ejercen violencia no lleguen a ocupar cargos públicos. Hoy hay reglas más estrictas y las autoridades electorales están obligadas a revisarlas. Ignorar ese tema sería muy grave para cualquier partido.
En el Estado de México hay ejemplos de candidatos que terminaron por bajar de la contienda o se vieron en problemas por señalamientos de violencia de género. Cada caso provocó gran desgaste político que pudo haberse evitado si desde el principio hubieran revisado sus antecedentes. En el nuevo esquema legal, incluso hay un padrón de violentadores. Deben considerar que el costo no lo paga solo quien busca un cargo, sino también el partido que decida respaldarlo.
Hoy incluso vemos a servidores públicos o exservidores públicos que no se salvan de ser detenidos por casos de violencia de género; ahí está el director de PEMEX. Lo curioso es que muchas veces la información está ahí. No es secreto ni un expediente escondido. Basta con hacer una revisión antes de entregar la candidatura. Pero en ocasiones pesa más el interés político o el compromiso político con esa persona, antes de pensar en el desgaste que tendrán. Pero lo más grave es que, aun cuando son señalados, pretendan cubrirlos.
Es claro que nadie debe ser condenado solo por una denuncia y siempre debe respetarse la presunción de inocencia. Pero una cosa es eso y otra muy distinta cerrar los ojos ante antecedentes que pueden convertirse en un conflicto legal o electoral en plena campaña. Hay quienes han sido sentenciados y no cumplen sentencias con todo tipo de argucias legales. El odio hacia las mujeres lo hacen evidente. Pero alguien con esas características, de ninguna manera puede llegar a puestos de poder.
Hay partidos políticos que aprendieron la lección y primero investigan antes de decidir. Saben que un candidato cuestionado puede echar abajo meses de trabajo y afectar la imagen de todo un proyecto. Otros, en cambio, siguen con la improvisación o haciéndose de la vista gorda y después llegan las protestas porque deben cambiar de candidato.
La elección de 2027 no debe ser únicamente una prueba para saber si los partidos realmente entendieron el mensaje; debe aplicarse. Si de verdad quieren evitar escándalos, impugnaciones y malas noticias, deben dejar de lado el asunto de la popularidad y mirar los antecedentes. Revisar a tiempo puede evitarles muchos problemas.
