Sin lugar a dudas, al régimen izquierdoso que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo le urgía tener un "chivo expiatorio" para distraer la atención permanente de decenas de millones de mexicanos y de gobiernos de otras naciones sobre el caso de los narcogobernadores morenistas, a quienes la inquilina de Palacio Nacional defiende a capa y espada. En ese contexto, apareció el exmandatario de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, para enfocar todas las baterías en su contra e inculparlo como responsable del "mayor fraude huachicolero".
Es preciso mencionar que Ernesto Ruffo Appel siempre se ha conducido, durante su vida política y pública, con propiedad, sin sobresaltos, de manera mesurada y mucho menos con brotes de violencia o corrupción. (Dejo muy claro que no soy su amigo ni su defensor); sin embargo, tengo que ser coherente y objetivo como analista y columnista político, sin tomar partido ni cargar los dados hacia nadie. Debo ser imparcial y prudente.
Ernesto Ruffo Appel marcó un hecho histórico en la era moderna de nuestra nación, debido a que fue el primer gobernador de oposición (PAN) en ganar una elección (1989-1995), iniciando la primera alternancia pacífica en el Poder Ejecutivo de una entidad federativa. Antes de llegar a la gubernatura fue presidente municipal de Ensenada (1986-1989); también fue senador de la República por el Partido Acción Nacional, en la primera fórmula.
Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en la carrera de Administración de Empresas. Además, fue docente del Campus Ensenada en las licenciaturas de Administración, Contaduría Pública e Ingeniería Industrial.
En la iniciativa privada, Ruffo Appel se desempeñó como presidente de la Asociación Nacional de Productores de Harina y Aceite de Pescado; fue consejero y secretario de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPES). El bajacaliforniano también presidió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ensenada.
En 1984, Ernesto Ruffo ingresó al Partido Acción Nacional (PAN) y, dos años más tarde, ganó la elección para presidente municipal de Ensenada (1986-1989). Posteriormente pidió licencia para contender por la gubernatura de esa entidad, en la que triunfó con el 47.89 % de la votación, derrotando a la priista Margarita Ortega Villa.
Durante varios años, como empresario, Ruffo Appel llevó una vida discreta y de bajo perfil. Sin embargo, el pasado 16 de julio fue detenido en un restaurante de Ensenada, Baja California, por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina, acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.
Pero, como era de esperarse, la fiscal "Carnal" de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, enfocó sus baterías y acusó rotundamente al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de ser "dirigente de una organización criminal" y de encabezar el "mayor fraude" de huachicol fiscal, siguiendo al pie de la letra las instrucciones giradas desde Palacio Nacional. Además, le imputó los delitos de delincuencia organizada y contrabando por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos.
La orden de aprehensión fue girada por la FGR contra Ruffo Appel y otras 24 personas. En ella, la fiscal "Carnal", Ernestina Godoy, además le imputa a Ruffo Appel ser el "operador estratégico y dirigente corporativo" de una organización que ocasionó un daño al erario por 4 mil 400 millones de pesos, que, si bien es una suma muy elevada, no se compara con el mayor fraude en la historia de nuestro, de por sí, vapuleado país, autorizado desde Palacio Nacional durante el fallido gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que, hasta hoy, rebasa ¡el billón de pesos! (Inicialmente se hablaba de ¡600 mil millones de pesos!, pero, con los últimos hallazgos y decomisos de otros cargamentos de gasolina de contrabando, la cifra aún no ha sido actualizada).
Digo autorizado por AMLO porque los más de 130 millones de mexicanos fuimos testigos y nunca olvidaremos que López Obrador afirmó, y lo reiteró en decenas de ocasiones, tanto en sus conferencias mañaneras como en sus giras por todo el país, que "un negocio ilícito siempre lleva el visto bueno del presidente" y que los contratos y las transacciones jugosas no se hacían sin su conocimiento.
En esas mismas conferencias y durante sus giras, el tabasqueño sostuvo que el mandatario no puede alegar ignorancia ante los grandes desvíos, ya que toda la información llega a la Presidencia de la República. Esa postura la mantuvo para señalar que, en las administraciones pasadas, la corrupción provenía desde la cúpula del poder.
Fue precisamente en una conferencia mañanera, en las postrimerías de su sexenio, en 2024, ante el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Crescencio Sandoval González, y otros funcionarios de primer nivel, cuando puntualizó: "Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente; no es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan. Mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita; o es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa".
Más claro, ni el agua. Expresó, por lo mismo, que del mayor fraude en la historia de nuestro, de por sí, vapuleado país, el huachicol fiscal, que asciende al billón de pesos, seguramente supo desde el inicio de este jugoso negocio ilícito, que permitió, pero que en ningún momento tuvo el talante para frenarlo. ¿Qué tal, apreciable lector? Chulada de declaraciones espetadas por el propio AMLO y que están debidamente documentadas.
Por supuesto, Godoy Ramos no le da la menor importancia a otros decomisos, como el realizado el pasado 21 de julio, cuando fueron asegurados 3.8 millones de litros de hidrocarburos procedentes de Reynosa, Tamaulipas. En ese operativo también fueron asegurados una red de tuberías, un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas, una caja seca, un remolque tipo plataforma, 11 frac tanks, ocho motobombas, 21 cubitanques, tres plantas generadoras de energía, seis equipos de cómputo y siete tanques fijos de almacenamiento industrial.
Pero ¿qué tal los delitos imputados a Ruffo Appel?: delincuencia organizada y contrabando de combustible. Según el modus operandi, el ingreso ilegal de hidrocarburos se realizaba desde los Estados Unidos, declarando los carrotanques semivacíos al momento de transportarlos. El daño fiscal asciende a 4 mil millones de pesos (según Ernestina Godoy), al que calificó como el "mayor fraude de huachicol". Increíble que así lo declare.
Por supuesto que la medida cautelar es la prisión preventiva. De hecho, ya se encuentra recluido en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México.
No podemos dejar de lado el trato de delincuente peligroso que le dan a Ernesto Ruffo. Los orangutanes de la FGR le colocan la mano sobre la cabeza con ademanes de amedrentamiento absoluto, escenas que resultan grotescas. ¿Por qué no les dan el mismo trato a los delincuentes o asesinos de alta peligrosidad cuando los detienen estos gorilas con ínfulas de agentes judiciales?
No lo hacen porque, en nuestro vapuleado país, hay dos raseros: uno para los "enemigos" del régimen, es decir, todos los opositores a la dictadura, y otro para los morenistas, a quienes no se les aplica la ley, a pesar de ser señalados como integrantes del crimen organizado en todas sus modalidades.
Los dos raseros están a la vista de los más de 130 millones de mexicanos y se acentuaron desde la llegada del peor presidente que ha tenido México: Andrés Manuel López Obrador, junto con su gobierno fallido; el despedazador de las instituciones; el triturador del erario público en centenas de miles de millones de pesos; el aniquilador de los tres Poderes de la Unión; el responsable de que el crimen organizado actuara a sus anchas, sin límite de tolerancia y con absoluta impunidad frente a la sociedad civil, hasta terminar con la paz social que nos arrebataron porque "ellos también tienen derechos humanos", como lo repitió hasta el cansancio en sus monólogos mañaneros y a quienes protegió durante seis años con su estrategia de "abrazos, no balazos".
Por supuesto que la acusación contra Ruffo Appel fue ordenada desde Palacio Nacional para desviar los reflectores de la "gobernadora" de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien ya demostró que no puede gobernar ni su propia vida, como quedó evidenciado en los cuatro videos difundidos hace un par de semanas, los cuales tuvieron amplia repercusión en las redes sociales.
Recordemos que estaba dispuesta a revelar toda la información que requirieran y quisieran conocer los agentes de la DEA y la CIA sobre temas de narcotráfico, pero, sobre todo, acerca de lo que se habla y acuerda en las reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional, con tal de recuperar su visa. Lo que iba a hacer Marina del Pilar Ávila Olmeda, ¿qué fue? ¿Información "off the record"? ¿Salvar su "pellejo" de la cárcel en territorio estadounidense? ¿Traición a la patria? ¿Poner en riesgo la soberanía nacional? Por supuesto que, según la 4T y Morena, no fue nada de lo anterior; sin embargo, las respuestas están líneas arriba.
Porque, sin lugar a dudas, defender la soberanía nacional significa impedir que el crimen organizado, en todas sus modalidades, se apodere del territorio nacional, algo que hasta hoy los dos gobiernos morenistas y cuatroteros no han logrado hacer.
La fiscal "Carnal" calla y omite información sobre el mayor fraude jamás visto en la historia de nuestro país. Además, no continúa con las investigaciones para perseguir a los integrantes de la bandota de huachicoleros —que debe ser numerosa— que osaron vulnerar la soberanía nacional, ni los exhibe públicamente como sí lo ha hecho con Ernesto Ruffo Appel.
Ernesto Ruffo fue socio de Ingemar, empresa involucrada en el fraude del huachicol. Sin embargo, también se investiga a otras compañías vinculadas, como Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, propiedad de Ricardo Thompson y Ricardo Thompson Navarro (padre e hijo), este último detenido junto con el exgobernador. Ambos son señalados de beneficiarse del contrabando de hidrocarburos. Las dos empresas recibieron contratos federales por 49 millones de pesos entre 2019 y 2024.
Según la Fiscalía General de la República, hay 11 empresas involucradas en la red de huachicol vinculada con Ingemar. De ellas, cuatro recibían el hidrocarburo, lo almacenaban y posteriormente lo comercializaban.
Asimismo, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan la presunta red de lavado de dinero de la empresa de Ernesto Ruffo, derivada de operaciones financieras realizadas en 2025 por 3 mil 75 millones de pesos en México, así como operaciones cambiarias por mil 386 millones de dólares, ante la sospecha de una estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero. También fue detectada una red de compañías aliadas que simulaban operaciones comerciales. De igual manera, la UIF congeló las cuentas de la familia Ruffo, mientras que su hija solicita apoyo en Estados Unidos.
Por lo pronto, el jueves pasado Ernesto Ruffo Appel fue vinculado a proceso, junto con otras siete personas coacusadas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando mediante el esquema de huachicol fiscal, después de una audiencia que se prolongó durante casi cuatro días. La jueza dictó prisión preventiva oficiosa para los ocho imputados.
Por su parte, ayer domingo, el Partido Acción Nacional (PAN) acusó un uso político de la justicia en el encarcelamiento de Ruffo Appel. El partido tendrá que atender las acusaciones para desestimar las pruebas que existen en su contra y tendrá la oportunidad de demostrar la inocencia del exgobernador, en caso de que así sea.
