El próximo 30 de septiembre, en el Teatro Morelos de Toluca, Delfina Gómez rendirá su tercer informe. Escucharemos una cifra que conviene no despreciar. Dirá la gobernadora que en el Estado de México se mata menos. Entre enero y agosto, el homicidio doloso cayó 35.9 por ciento, respecto al año pasado, y los delitos de alto impacto, 27. No son números de una oficina de prensa: los respalda el INEGI. Reconocerlo no le concede nada al oficialismo, es la misma honestidad que le exigimos a él. El problema empieza cuando el gobierno confunde el dato que sí controla con la realidad que no.
Hay una cifra que no cede y es, precisamente, la más difícil de maquillar. El Estado de México encabeza el Registro Nacional de Personas Desaparecidas: más de 14 mil casos. Nuestra entidad está por encima de Tamaulipas y Jalisco. Y dentro de esa tragedia hay otra peor. Alrededor de 5,800 de las víctimas son mujeres —de nuevo, el número uno del país— y más de cuatro mil de ellas son menores de edad. Es decir, casi siete de cada diez son niñas. La desaparición de mujeres y adolescentes en la entidad tocó su máximo histórico. En Ecatepec, lejos de bajar, subió.
Ese contraste no es casual y en la tribuna del Senado alguien lo describió en voz alta: «Con Morena, a los muertos no sólo se les entierra, se les archiva», dijo Ricardo Anaya, y ofreció la aritmética incómoda. En el país los homicidios bajaron apenas de setenta a sesenta y tres diarios, mientras las desapariciones subieron de dieciséis a treinta y uno. Uno puede discutir el tono, no la lógica. Un desaparecido, que podría seguir vivo, no aparece en la estadística de homicidios. Es la víctima que no cuenta porque, literalmente, no se cuenta. Y mientras la cifra que el gobierno presume baja, sube la que delata la ausencia de personas, hombres y mujeres con historia propia, con familia, con amigos, con sueños, con ideas de futuro.
Se dirá, con parte de razón, que hoy se registra mejor que antes, que parte del aumento es mejor contabilidad y no más horror. Es un matiz honesto y hay que concederlo, aunque no explica que seamos en el registro, año con año, el primer lugar del país. Y que nuestras hijas encabecen la lista de víctimas en la nación. A una madre que busca a su hija en un paraje de Atlautla o de Ecatepec no la consuela saber que ahora registren mejor su desaparición.
Lo peor es que detrás de cada uno de esos catorce mil números hay una familia que terminó haciendo el trabajo que le corresponde al Estado. Son las madres buscadoras quienes salen con varillas, palas y cribas a registrar baldíos que la autoridad no pisa. Mujeres que, con sus pocos recursos y con sus manos llagadas, arman fichas, cruzan expedientes y sostienen colectivos porque a la Comisión de Búsqueda no le alcanza o no quiere. En las madrugadas, cuando una madre decide salir a buscar sola a su hija, a su hijo, porque nadie más lo hará… allí está el primer reto de un gobierno que se dice humanista, no en la lámina proyectada en un teatro. Mientras esa escena se repita, ninguna cifra a la baja podrá llamarse victoria.
A todo esto, se suma el sentimiento, en propia piel, de los mexiquenses en general. La ENVIPE de este año coloca al Estado de México en el primer lugar nacional de percepción de inseguridad: noventa de cada cien adultos se sienten inseguros donde viven, contra un promedio nacional de setenta y cuatro. El miedo no es ingratitud ni desinformación. El miedo es memoria. Es la esquina que evito, los mensajes que envío para avisar dónde estoy, la llamada que hago al llegar a mi destino, el cálculo de a qué hora volveré para no correr riesgos innecesarios.
Y cuando el crimen sí se persigue, tampoco se resuelve. El multihomicidio de Atizapán —una familia entera, un móvil de robo de criptomonedas según la propia Fiscalía— dejó a la vista, sin explicación, varias horas entre la huida del agresor y la llegada de las autoridades, y detenidos que hoy podrían quedar libres. Y en un estado donde la mayoría de los delitos ni siquiera se denuncia, porque hacerlo se siente inútil cuando no peligroso, la cifra que baja puede ser la de una población que cree cada vez menos en el Ministerio Público. Baja la violencia, pero no mejora la justicia y en la distancia entre ambas caben el miedo y los desaparecidos.
Lo digo sin afán de amargar la fiesta del informe, porque esas fiestas se amargan solas: duran el tiempo del aplauso. El humanismo del que tanto presume este gobierno se debería probar en su actitud, en su manejo de la información, en no reducir a las personas a una cifra conveniente. Un muerto menos es una buena noticia. Catorce mil desaparecidos, cinco mil ochocientas de ellos mujeres y niñas, es un diagnóstico. Confundir lo primero con haber resuelto lo segundo es el autoengaño que, tarde o temprano, se paga en las urnas.
El 30 de septiembre habrá aplausos y, quizá, algunos serán merecidos. Pero si al terminar el acto una madre sigue buscando a su hija y el resto seguimos calculando a qué hora volver a casa, el informe habrá sido, con todos sus números, apenas… palabras al viento.
