En México, durante generaciones el efectivo ha sido la forma más popular (incluso democrática) de pagar. No pide CURP, no depende de la señal del celular y no cobra comisión. Esa libertad silenciosa, en la que nadie pone atención, empezará a terminarse, y no por decisión de los consumidores, sino de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué afirmo semejante cosa? Fácil, porque Morena y sus aliados sacaron adelante la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, incluida en el Paquete Económico 2027, que permite definir qué pagos solo serán digitales por el personal gusto de un burócrata, que tampoco sabemos quién será. La única información disponible es que empezaremos por gasolineras y casetas. Luego nos dirán qué sigue. A esto se suman la CURP Digital y un Expediente Digital Ciudadano. Y desde enero, cada línea celular deberá estar vinculada a una CURP, con identificación oficial y selfie, so pena de perder el número.
Teléfono, identidad y dinero convergen en una sola llave. El gobierno lo presenta como modernización. Conviene preguntarse qué significa para quien vive al día. Empecemos por lo elemental. Cada pago digital tiene un costo porque el intermediario que lo realiza cobra por el servicio. Así que la fondita, la papelería, el taxista, todos tendrán que pagar ese costo que se reflejará en el precio al consumidor. La inclusión financiera la cobrarán en abonos.
En un país como México, exigir solo pagos digitales podría incrementar la exclusión de adultos mayores, por ejemplo. Personas que no entienden ni confían en la tecnología, cualquiera que sea, cuyo mundo está lejos de bancos y terminales. Para ellos, este sistema no es una opción más, es una puerta cerrada. Un trámite fallido tras otro, por múltiples razones, los dejará en el limbo, los desconectará de la economía.
Como casi todos los sistemas en nuestro país, la ley está pensada para darle más herramientas a la burocracia; el consumidor, el contribuyente, el derechohabiente, todos existen en función de la comodidad del burócrata. A esta ley no le importa qué tanto se fastidie al contribuyente. En principio, nadie defiende la evasión. Pero la herramienta no distingue. El pequeño comerciante que hoy apenas sale adelante quedará visible de golpe ante un sistema que cruza depósitos con declaraciones. La “discrepancia” para la autoridad es la diferencia entre sostener un negocio familiar o cerrarlo. La formalización debería ser un camino acompañado de apoyos para diversas necesidades, no una emboscada.
Y los riesgos son enormes con una administración pública desmantelada, que a duras penas cumple con sus funciones. Si todo tu dinero es digital, una cuenta congelada por error, por una homonimia o por decisión burocrática a partir de información mal manejada, por falta de capacidades en el sistema, te deja sin pagar la comida, los servicios de salud, la educación de tus hijos, la renta o la gasolina. Con efectivo había una salida. Sin él, la cuenta es la persona. Y, además, en un país donde la justicia se ha vuelto selectiva, la capacidad de asfixiar económicamente a alguien no es un detalle técnico: es poder.
Cuando las autoridades integran bases de datos con nuestra información, prometen cuidarlas. Sin embargo, en México se han sufrido filtraciones de información gubernamental y no se paga por la protección digital que se necesita en un mundo con múltiples y permanentes ataques de hackers. Todavía peor, desapareció el órgano autónomo de protección de datos personales. ¿A quién recurrirá el ciudadano cuando su historial de pagos, cualquiera que sea, termine en manos equivocadas, o en las manos correctas usadas con fines equivocados?
Entonces, es importante que tengamos claro que está en juego la relación entre el consumidor-contribuyente y el poder, no la tecnología. La libertad significa la posibilidad de actuar sin dar explicaciones. La privacidad no es encubrimiento: es la condición para que nadie tenga que justificarse ante el Estado por cada compra que realiza, cada suscripción que elija, cada podcast que escucha o cada causa que apoya. Un gobierno que lo sabe todo de sus contribuyentes, y del que estos saben cada vez menos, no es un gobierno moderno. Es un gobierno sin contrapesos.
La ley ya está aprobada, pero la batalla no termina. (Alguien en) Hacienda tendrá apenas 15 días hábiles para definir los primeros sectores. Ahí debe concentrarse la exigencia ciudadana y legislativa: criterios públicos, topes a las comisiones, salvaguardas reales sobre los datos y el derecho a seguir pagando en efectivo. Aumentar opciones, no limitarlas. Modernizar sin abdicar.
El efectivo no desaparecerá mañana. Pero cuando un gobierno puede decidir, sin reglas claras, cómo pagas, dónde pagas y quién se entera, la pregunta deja de ser tecnológica. Como mexicano, conservas el derecho al voto, pero pierdes lo más profundo: la autoridad y decisión sobre tu vida. Entonces, la pregunta fundamental es: ¿quién manda en tu cartera?
