El dato más grave no es la posición, sino el diagnóstico. El Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés) advierte que el autoritarismo ya no es una tendencia mundial emergente: se ha arraigado. Más del 86% de los países han sufrido durante cinco años un deterioro sostenido en, al menos, una de las tres salvaguardas contra el abuso del poder: los límites al gobierno, el gobierno abierto o los derechos fundamentales. México está en esa lista. Y no por accidente.
En “límites al poder gubernamental” ocupamos el lugar 109. El informe señala que los controles que ejerce el Poder Judicial sobre el Ejecutivo retrocedieron en el 63% de los países, incluido México. Traducido a nuestra realidad, pagamos el costo de una reforma judicial que convirtió a los jueces en “candidatos populares” y a la independencia judicial en un trámite electoral. Cuando quien debe frenar a la maquinaria del poder le debe su cargo, el contrapeso deja de existir y solo queda la escenografía.
A eso se suma el registro del índice respecto a las libertades. En México retrocedieron la libertad de opinión y expresión, la de reunión y asociación y la de participación cívica. Son exactamente las que necesita la oposición (partidista o ciudadana) para existir y vigilar. No es casual que se encojan justo cuando el oficialismo concentra más poder que ningún gobierno desde el viejo régimen priista.
Para completar el cuadro, en justicia penal somos el lugar 139 de 143. Que quede claro, solo cuatro países del mundo procuran e imparten peor justicia que nosotros. En ausencia de corrupción y en justicia civil, somos el 135. En orden y seguridad, el 132. La promesa de López de “no mentir, no robar, no traicionar” dejó como consecuencia un país donde la corrupción y la impunidad están entre las peores del planeta. ¿Y qué hizo el oficialismo frente a estas cifras de espanto? Las ignoró, como hace con toda la información que no controla.
Hay que reconocer qué mejoró, porque la crítica seria no niega los datos que le son incómodos. El índice reporta avances en igualdad de trato y no discriminación (5.7%), en derechos laborales (2.7%) y en la agilidad de los trámites administrativos (3.5%). También mejoró el acceso a la justicia civil. Son avances reales, pero menores. Un programa social puede mejorar el ingreso de una familia, pero no la protege de la extorsión ni le hace justicia si le desaparecen a un hijo, tampoco la financia si le quitaron el acceso a la salud. Sin reglas claras y legalidad, el ejercicio de cualquier derecho depende de la buena voluntad de quien gobierna.
Lamentablemente, si el país está mal, el Estado de México está peor. En el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, la medición subnacional del propio WJP, nuestra entidad quedó en el fondo de la tabla, junto con Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México y Guerrero, con puntajes de entre 0.35 y 0.37 frente a un promedio nacional de 0.41. Desde la primera edición, en 2018, el EdoMéx aparece entre las peores mediciones. Hoy, todos los días, vivimos las situaciones que el índice describe en lo nacional: fiscalías que no esclarecen, extorsión convertida en impuesto paralelo, municipios donde manda el cacique y no la ley, y un Poder Judicial local reformado a imagen y semejanza del federal.
El gobierno mexiquense prometió que el cambio llegaría con la alternancia. Sin embargo, llegó la continuidad de la impunidad con otro color. Ninguna obra, ningún programa social compensan que diecisiete millones de mexiquenses vivamos en una entidad donde denunciar un delito es inútil y la autoridad suele ser parte del problema. Las difíciles situaciones que enfrentamos no son destino, sino consecuencia de decisiones electorales y políticas. Pueden revertirse. Rumbo a 2027 tenemos que decidir si normalizamos nuestra realidad o si exigimos que exista cultura de la legalidad, que la ley sea la ley y que se aplique para todos.

