Prácticamente ya está ejerciendo como presidente del país y vuelve a utilizar la tan traída y trillada expresión del “compló”, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso una tremenda multa de 197 millones de pesos a Morena por las presuntas irregularidades en la operación del fideicomiso “Por los demás”.
Independientemente de que esa palabra puede sonar hasta chocante, de tantas veces escuchada a lo largo de varios años, no es posible que el virtual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, la utilice otra vez a bote pronto cuando lo único que se debe hacer es demostrar que, efectivamente, los recursos se destinaron a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, como aseguran que lo hicieron.
La sanción impuesta a Morena está siendo objeto de miles de comentarios en las redes sociales en las que de nueva cuenta se aprecia la confrontación entre la ciudadanía hasta llegar al insulto, cuando justo lo que se requiere es atemperar y utilizar el lenguaje adecuado para reconstruir un tejido social gastado, dividido y dañado a lo largo de las últimas tres décadas de gobiernos corruptos y distanciados de la población.
El de Morena recuerda el caso del fideicomiso Amigos de Fox, sancionado por el entonces IFE -hoy INE- con una multa de 498 millones de pesos, una vez que se acreditó que el guanajuatense recibió financiamiento irregular.
La gran diferencia entre aquél y el de Morena, es que el fideicomiso Amigos de Fox fue creado ex profeso para apoyar la campaña electoral del guanajuatense, quien se ganó a pulso el desprecio de la ciudadanía por las innumerables pifias e irregularidades en que incurrió, muchas de ellas con alto costo para el erario y hasta de trascendencia internacional. Baste recordar el “comes y te vas” que aplicó a Fidel Castro y generó una crisis diplomática entre México y Cuba.
En el caso de Morena, el fideicomiso se creó para apoyar a los damnificados del S-19, y supuestamente se entregó a gente en condiciones de extrema pobreza afectada por el sismo. El problema, según el INE, es que los propios integrantes del partido, incluyendo nueve candidatos a puestos de elección, retiraron poco más de 64 millones de pesos en cheques de caja que luego convirtieron en metálico para -dicen- distribuirlo entre los afectados.
Por lo pronto, el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, ya interpuso el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y argumentó que el organismo electoral no tiene competencia en un asunto relacionado con un fideicomiso privado.
Cierto es que los fideicomisos privados se amparan en normas que protegen esos instrumentos con el secreto bancario y por ello las instituciones financieras que administran el recurso tienen la obligación de proteger la privacidad y confidencialidad de sus usuarios, aunque el argumento del INE es la intervención de los morenistas que tomaron el dinero para distribuirlo entre los damnificados. Deseable es que Morena aclare todo cuanto sea posible.
La controversia tendrá que resolverla el TEPJF, aunque ya da mucho de qué hablar y propicia la apertura del debate sobre los fideicomisos públicos que este año “resguardan”, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un total de 835 mil 477 millones de pesos, equivalentes al 15.8 por ciento de todo el presupuesto público de 2018, o 9.4 veces el presupuesto de este año para Chiapas, una de las entidades con mayores niveles de pobreza.
Fundar, asociación civil que ha monitoreado el manejo de los recursos del erario en los fideicomisos públicos desde hace más de una década, asienta en su informe “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, que de los 374 fideicomisos existentes este año a nivel federal, sólo 19 tienen una estructura que permite su fiscalización y seguimiento; los demás son opacos y en consecuencia poco se sabe del destino de 772 mil 63 millones de pesos que concentran 355 fideicomisos.
Fundar ha documentado desde 2013 el sobreejercicio en dichos instrumentos, e ilustra con el caso de 2017 cuando se aprobaron 42 mil 737 millones de pesos para esas figuras, aunque al cierre de ese año se ejercieron 310 mil 637 millones de pesos. Esto es, se gastaron 267 mil 900 millones de pesos más de lo aprobado por el Congreso, sin ninguna explicación.
Es tiempo de transparentar la figura del fideicomiso con recursos públicos -que son sujetos obligados de las leyes de transparencia y el acceso a la información-, para evitar más ejercicios discrecionales, opacos y probables actos de corrupción.
