Toluca/Estado de México
Los diputados aprobaron un exhorto al gobierno del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia estatal, a la Secretaría de Seguridad y a los 125 ayuntamientos, para que emitan medidas de prevención y protección necesarias para garantizar a las y los periodistas un entorno seguro y propicio para ejercer su labor de forma libre e independiente.
El punto de acuerdo presentado por la diputada, Azucena Cisneros Coss, pide el cese inmediato de las agresiones contra periodistas en la entidad, pues han registrado un aumento, muestra de ello es que hasta agosto de 2018 a la fecha, la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ha recibido 23 quejas por agresiones a periodistas.
Asimismo se presentaron 16 quejas por agresiones, 8 de las cuales ocurrieron en junio y julio, y fueron propiciadas por servidores públicos.
“La labor periodística se ve vulnerada y restringida por las amenazas, agresiones y denuncias que sufren de manera reiterada los periodistas, quienes son atacados por documentar y divulgar información que se considera "inconveniente”, al dejar de manifiesto violaciones a los derechos humanos, corrupción, abuso de autoridad, cuestiones ambientales, delincuencia organizada, tráfico de drogas, crisis públicas y emergencias”.
Sostuvo que el 9 de julio la Codhem emitió un pronunciamiento, en el que hace un llamado para evaluar la situación de la libertad de prensa en los municipios mexiquenses.
En tanto que el 10 de febrero, policías municipales de Nezahualcóyotl, agredieron a reporteros de los periódicos Reforma, Pásala y El Universal Gráfico, de este último, Armando Martínez, fue rociado con gas lacrimógeno, cuando documentaba el hallazgo de una persona sin vida en la colonia Ampliación Ciudad Lago, y pese a que los periodistas nunca rebasaron la línea amarilla, les impidieron realizar su trabajo.
Es por ello que la legisladora dijo que las autoridades estatales y municipales deben tomar cartas en el asunto para evitar agresiones de servidores públicos, adoptar medidas específicas y efectivas para prevenir nuevos ataques y otras formas de violencia contra mujeres periodistas y para enjuiciar y castigar a sus responsables.
También solicitó a las autoridades estatales y municipales capacitar, concientizar e instruir a las fuerzas policiales, fiscalías y al Poder Judicial, sobre la importancia social del trabajo de las y los periodistas, para protegerlos contra la intimidación y los ataques, pero específicamente para garantizar que puedan trabajar en plena libertad de circulación y puedan recolectar y difundir la información, sin miedo a represalias.
Además requiere, se emitan protocolos de seguridad y planes de contingencia, dirigidos a los servidores públicos estales y municipales con el objetivo de que en todas sus actuaciones se respete el derecho a la libertad de expresión y se garantice la seguridad de las y los periodistas en eventos masivos y zonas de conflicto.
